Santiago.- El cuerpo legal fue elaborado por un equipo que dirigió el ex ministro de la Corte Suprema, Enrique Cury, y donde participaron la abogada de derechos humanos Pamela Pereira, el subsecretario de la Presidencia, Edgardo Riveros, y asesores de las carteras de Relaciones Exteriores y Justicia. El ex supremo, Enrique Cury, explicó que se intentó cubrir todo el espectro que contempla el Estatuto, instancia que Chile aún no ratifica, convirtiéndose en uno de los dos países sudamericanos, junto a Surinam, que no lo han hecho.
“Nos hemos preocupado que las penas sean que estén armonizadas, que no ocurra una especie de desorden valorativo y que no ocurra que hechos que atentan contra bienes jurídicos menos importantes estén castigados con penas más severas que otros”, explicó.
El Estatuto reconoce que estos crímenes son los de mayor trascendencia para la comunidad internacional y que sus autores no pueden quedar impunes, ya que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.
La tipificación que plantea el proyecto de Ejecutivo se aviene al principio de complementariedad en que se basa el Estatuto de Roma, y que busca que los Estados por sí mismos apliquen sus medios jurídicos, antes de recurrir a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
La abogada de derechos humanos, Pamela Pereira, destacó que este es un gran avance hacia la ratificación del Tribunal Penal Internacional, señalando que de haber existido antes esta normativa se habrían evitado las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
“(…) resulta emocionante por la realidad vivida por muchos chilenos y familias en este país, porque si esta legislación hubiera existido habría tenido un carácter disuasivo que probablemente no hubiéramos vivido las realidades que ya se vivieron”, expresó.
Otro de los objetivos del texto es desbloquear las aprensiones de la Oposición para validar la participación de Chile en este Tribunal. Esto debido que la Alianza considera que invade la soberanía nacional, aunque uno de los principales temores implícitos es que el Estatuto intervenga en casos de derechos humanos ocurridos en Dictadura.
El ministro José Antonio Viera-Gallo, explicó que se llegó a un acuerdo con los parlamentarios aliancistas en la comisión de Relaciones Exteriores, pero que igualmente la Oposición presentará otro proyecto.
“El Gobierno presentara este proyecto y a su vez la oposición va a presentar el suyo. Una vez que eso sea adoptado como legislación, entonces se pondrá en votación la reforma constitucional que ya fue aprobada en la comisión de Constitución por unanimidad. Así Chile estará en condiciones de discutir la ratificación del Estatuto de Roma”
El titular de la Segpres señaló que de lograrse la aprobación de esta iniciativa durante el gobierno de Michelle Bachelet parte importante de la agenda de derechos humanos estaría cumplida, mostrándose confiado en que existen las condiciones políticas para conseguirlo.
Pero la decisión de la Mandataria de congelar la votación del proyecto que creaba el Instituto de Derechos Humanos, podría significar que ninguno los hitos que en derechos humanos sea hagan realidad antes de que termine su gobierno.