En medio del rechazo de varios sectores miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde) ratificaron la realización del paro civil de este martes, en cinco de las nueve regiones de Bolivia. El paro no cuenta con el apoyo de los choferes, campesinos, indígenas, municipios, juntas vecinales, dirigencia cívicas regionales, gremialistas, trabajadores y comerciantes que se negaron a participar por considerar que va en contra de los más pobres.
Los prefectos opositores de los departamentos Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca van a un paro bajo el pretexto de que los recursos obtenidos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) deben pasar exclusivamente por sus manos.
En una nueva acción desestabilizadora, los prefectos denominados de “la media luna” rechazan que el dinero recaudado sea utilizado por el Ejecutivo nacional para proyectos sociales como la renta dignidad y el bono Juancito Pinto.
Miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), reunido la mañana de este lunes en la ciudad de La Paz, en conferencia de prensa, repudiaron la actitud de los prefectos opositores, afirmando que no aceptarán la disposición de los recursos del IDH para que sean malgastados. Calificaron el paro de los prefectos opositores como un accionar “político y mezquino”. El llamado de protesta se da luego de que el gobierno progresista de Evo Morales fuera ratificado con casi 70 por ciento de apoyo, mientras los prefectos opositores insisten en sus autonomías separatistas que intentaron instaurar con consultas ilegales celebradas en meses pasados. Actos de violencia El gobierno boliviano alertó este lunes que grupos de la extrema derecha que convocaron para este martes paro civil, pretenden desencadenar actos de violencia. En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que “este paro cívico encarna severas amenazas de violencia, promete desencadenar actos de violencia y de intimidación”. Quintana aseguró, además, que el gobierno “toma las previsiones” para que policías y militares eviten desmanes callejeros, como los registrados el viernes pasado, cuando miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, que defienden la secesión del departamento de Santa Cruz de Boliva, intentaron tomar con palos, piedra y petardos el comando de la Policía Nacional en esa circunscripción regional. Sin embargo, pese a los insistentes actos de violencia, protagonizados por grupos de choque opositores, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, declaró este lunes a medios regionales que, frente a la situación de Santa Cruz, el Gobierno no tiene “un plan, ni ninguna alternativa de militarización”. También sostuvo que las fuerzas de seguridad están alertas ante la posibilidad de violencia durante la huelga del martes, pero descartó el “estado de sitio” porque, según dijo, el Gobierno “apuesta a la madurez del pueblo boliviano”. Paro coincide con golpe Quintana expresó, además, su preocupación por la coincidencia de la fecha del paro de este martes con el golpe de Estado de 1971 de Hugo Banzer Suárez, considerado el ataque más inhumano que sufrió Bolivia en las últimas cuatro décadas. “Debo manifestar nuestra profunda preocupación por la extraña casualidad de decretar un paro cívico que contiene cinismo, violencia, provocación, la misma fecha en que en Bolivia hace 37 años exactamente se inició el golpe militar más cruento”, expresó Quintana. Estas declaraciones las hizo en alusión a los hechos del 19 de agosto de 1971, “cuando el coronel Banzer, con organizaciones e instituciones cruceñas llevó adelante un golpe militar violento”, recordó el ministro. Alerta por pérdidas ecónomicas Entretanto, el ministro boliviano de Hacienda, Luis Arce, alertó sobre cuantiosas pérdidas económicas en las regiones de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca de haber un paro laboral de 24 horas organizado por los prefectos opositores. Según Arce, sólo en Santa Cruz la injustificada medida de presión, que calificó de política, traerá pérdidas para ese departamento en el orden de los 600 mil dólares. Anteriormente, por la misma demanda, intentaron presionar con una huelga de hambre liderada por el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el acaudalado empresario Branco Marinkovic, recordó Arce. Por su parte, los transportistas de Cochabamba decidieron no acatar el paro cívico de 24 horas convocado por el Consejo Nacional Democrático (Conalde) para este martes, debido a que el Comité Cívico de Cochabamba no consultó al sector sobre su disposición a asumir la medida de presión. Contra la huelga de los opositores, grupos campesinos afines al presidente Morales anunciaron que este lunes bloquearán durante 48 horas la carretera entre Santa Cruz (este) y Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (norte).