Buenos Aires.- Un tribunal de la provincia argentina de Tucumán reanudará hoy el juicio contra el represor Antonio Bussi por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976. El ex general, de 82 años, abandonó el martes último la corte al alegar que sentía dolores en el pecho cuando escuchaba la imputación que pesa en su contra por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-86).
Bajo duros calificativos de organizaciones humanitarias que denunciaban una parodia del ex militar para esquivar el juicio oral y público, Bussi fue sacado en camilla del juzgado y trasladado en ambulancia a una clínica privada.
Luego de someterlo a diversos exámenes, el forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, José María David, determinó ayer que el ex gobernador de facto está en condiciones de sentarse en el banquillo de los acusados.
Según el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Mariano García Zavalía, el juzgado dispuso “la presencia de personal del Sistema Provincial de Salud, ambulancias y equipos médicos en caso de que sea necesario atender a cualquier persona, incluido Bussi”.
Junto al también ex uniformado Luciano Benjamín Menéndez, el otrora alto oficial deberá responder por la presunta comisión de “los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de Vargas Aignasse”.
De acuerdo con la investigación, un grupo de encapuchados (identificados como miembros de la fuerza de seguridad) entró en la casa del ex senador el 24 de marzo de 1976 y se lo llevó. Pocos días después, su esposa, Marta Cárdenas, lo vio por última vez en la cárcel de Villa Urquiza.
Bussi y Menéndez están imputados en unas 600 causas, a raíz de que el primero, en 1976 y 1977, estuvo al frente de la V Brigada de Infantería, que dependía del III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, que encabezaba el segundo.
Organismos humanitarios indican que fueron 30 mil los ejecutados por el llamado Proceso de Reorganización Nacional durante el régimen castrense.