Si hacemos memoria, los centros imperiales no dudaron en desarraigar pueblos africanos para venderlos como mercancías. En solo un siglo (1680-1786), Gran Bretaña movilizó más de dos millones de esclavos a las Antillas. De esta manera la monarquía vio aumentar su riqueza, los empresarios sus caudales y la burguesía sus fortunas. Todos se beneficiaban, menos los africanos. La mano de obra esclava era considerada parte del capital. Su precio de mercado tasado como mercancía. Los bancos, las compañías aseguradoras y las navieras obtenían ganancias superiores a las provenientes del marfil u otros productos de ultramar. El porcentaje en muchos casos alcanzaba el trescientos por ciento, y en situación de peligro durante la travesía, el capitán gozaba de autorización para deshacerse de la carga humana. El seguro corría con los gastos. Era un cálculo estratégico. Así, quienes violaban, secuestraban y encadenaban a los esclavos, eran los que transaban el precio con las baratijas y pacotillas entre los esclavistas. Un negocio redondo. Cuando llegaban al puerto de Bristol, Glasgow o Liverpool, mutaban en aristócratas, banqueros o burgueses. Algunos de ellos se consideraban benefactores de los pobres y buenos samaritanos. Los reyes del azúcar, del algodón y del tabaco eran conscientes del origen de su riqueza. Chorreaban sangre esclava por sus poros. Lo mismo acontecía en la España Borbónica y en los países bajos. Pero traer esclavos era bicoca. Además se reproducían en cautividad.
La imagen de un capitalismo expansivo sin excluidos es un mito por definición del capitalismo. Sus fundamentos son la explotación y la violencia. Así se explica la muerte de miles de niños al día por hambre y de enfermedades provocadas conscientemente por los gobiernos y las empresas monopólicas que controlan las patentes de medicamentos y alimentación. Sin embargo, para millones de africanos, latinos y asiáticos, ahora inmigrantes ilegales, este mito está vigente, es una opción. Bajo esta premisa emprende el éxodo hacia Europa occidental buscando la ansiada recompensa: un trabajo y un sueldo digno. La planificación del viaje es milimétrica. Emigra el más fuerte, el más aventajado y luego seguirá la familia. El fracaso no es alternativa. Por ello, no tiene miedo al peligro, es osado. Quiere un futuro para los suyos y no ceja en su esfuerzo. Será de este sueño del cual se aprovechan los nuevos negociantes y empresarios de la muerte del emigrante. Mafias organizadas ofrecen permisos de trabajo, residencias, pasaportes falsos y un viaje tranquilo. Los incautos son vilipendiados. En la segunda guerra mundial, se hizo con los judíos, los comunistas, homosexuales que querían huir de Alemania. Eran timados. Entregaban joyas y hasta el último centavo buscando la libertad, y el día prometido de la fuga, esperaba la policía nazi, el campo de concentración y la cámara de gas. Hoy, no está el contrato de trabajo, se encuentra una patera, el mar embravecido, la falta de alimentos y una muerte casi segura. En la otra orilla, las familias empeñadas, el llanto amargo del futuro roto.
Sirva como dato macabro. En el mes de julio de 2008, han muerto en alta mar, medio centenar de personas intentando llegar a las costas de España buscando un trabajo. Nunca verán cumplida su meta. Pero quienes consiguen el objetivo de pisar tierra, lo hacen escoltados por la Armada, la Guardia Civil, la Cruz Roja, el centro de acogida, los dieciocho meses de secuestro legal y una repatriación segura. La canalla de los gobiernos civilizados, conservadores o socialdemócratas, de una sociedad opulenta prefieren solapar su vergüenza bajo la ayuda al desarrollo y seguir robando las materias primas. Ya no hay sitio para los negros, los latinos y asiáticos, salvo si son futbolistas de élite. Ayer los africanos eran una mercancía bendita, los indios de América latina utilizados para la mita y la encomienda. Hoy, todos son rechazados bajo el calificativo de inmigrantes ilegales.
La inmigración, tanto como el derecho a ser libre, se criminaliza con argumentos espurios fundados en supuestas leyes de saturación del mercado de trabajo en occidente. Es posible que las normativas contra los inmigrantes ilegales evidencien el límite del capitalismo salvaje y de sus élites políticas, validando la frase de John Kennedy: “Aquellos que imposibilitan la revolución pacifica, hacen que la revolución violenta sea inevitable”.
