El movimiento estudiantil rechaza la situación de la enseñanza actual. Escuelas en competencia por clientes. Establecimientos municipales sin integración y mal financiados. Colegios particulares pagados por las familias con subvención adicional del estado. Empresarios que determinan los fines a que deben someterse los alumnos y sus padres, excluyen alumnos por su situación económica, seleccionan a los postulantes según su modelo, niegan la continuidad a los apoderados que tienen deudas, reducen actividades de formación integral para mecanizar los contenidos de las pruebas estandarizadas que les sirven de publicidad. Escuelas en contradicción con la evidencia que la diversidad social de los alumnos y la comunicación de experiencias entre profesores de diferentes establecimientos enriquecen los aprendizajes
Los estudiantes se oponen al mecanismo educativo del interés comercial conjunto de la Dictadura y la Concertación. Hacia 1986 había sólo un 15% de educación particular subvencionada. Su funcionamiento permitía por ejemplo que un empresario que ponía una escuela en una casa pudiera poseer a los pocos años un edifico amplio. La Dictadura modificó esa realidad elevando de manera muy considerable el valor de la subvención. La consecuencia fue un ingreso masivo de negociantes al rubro educativo que, por no tener que pagar más a sus atemorizados docentes, obtuvieron un crecido excedente que en los hechos fue una donación del estado. La Concertación favoreció después a estas empresas con una ley que les permitió además exigir un pago también de los padres y, al establecerse la jornada escolar completa, entregarles recursos para la ampliación de sus locales.
Aprovechando el rechazo a la educación comercial de los estudiantes el año 2006 el empresariado y los políticos en el estado se propusieron limpiar de su origen la LOCE, que habían aceptado en la Constitución dictatorial, democratizándola, y ajustar su funcionamiento una vez ya capitalizada la particular pagada de doble ingreso y muy debilitada la municipal. Son los objetivos de la LGE.
Según una síntesis de la LGE en la página mineduc.cl el Ministerio de Educación no tendrá escuelas ni liceos. Los comerciantes que ingresen a la educación deberán demostrar un capital inicial y no podrán tener otro giro pero podrán ampliarse ilimitadamente en éste. Los establecimientos se adscribirán en su proyecto educativo a la religión o ideología de sus propietarios lo que obligará a sus apoderados y alumnos seleccionados. Habrá escuelas pagadas doblemente por el estado y las familias donde se impedirá el ingreso de los alumnos sin capacidad de pago y se les negará la continuidad el año siguiente si dejan deudas. Una Superintendencia se encargará de tomar información sobre los gastos hechos por los empresarios con dineros fiscales y de las sumas retiradas libremente por su lucro, datos que se entregarán a las comunidades escolares. Se mantendrá la participación no resolutiva de profesores, alumnos y apoderados. El país tendrá múltiples proyectos educativos y pilares metodológicos según los determinen los capitalistas del giro. Las salas de clases no tendrán ningún apoyo común a todas, ni en número de alumnos ni en instrumentos de aprendizaje. No se dispondrá de centros de enseñanza externos de apoyo a las clases. Una agencia de calidad publicará las mediciones de logro que servirán para la competencia por clientes. Se establece que la eventual desaparición de la educación municipal dependerá del mercado.
La presidenta Bachelet no tenía como objetivo derogar la legislación constitucional sobre educación dejada por la Dictadura. Fueron los estudiantes en huelga quienes le impusieron su necesidad. Pero como era esperable los políticos del gobierno y el parlamento mantuvieron el espacio comercial negándose a crear un sistema nacional de educación pública. Su intento con la Ley General de Educación está deslegitimado. Lo rechazan los alumnos, profesores y la ciudadanía. Un estudio del Centro de Estudios Públicos de diciembre del 2006 mostró que sólo el 2% de los consultados estaba de acuerdo que las escuelas y liceos fueran administrados por instituciones particulares con fines de lucro. La evidencia muestra que la mejor educación del mundo desarrollado está en Finlandia y del mundo en desarrollo en Cuba, y ambas son educaciones públicas.
La lucha sigue.