Recientemente la Contraloría emitió un contundente dictamen referido a la incorrecta aplicación que hacían del concepto “Conjunto Armónico” los profesionales públicos y privados que se desenvuelven en la tramitación de los permisos de edificación. Estos, muy sueltos de cuerpo, consentían en que los proyectos inmobiliarios que contemplaban la construcción de un solo edificio, podían verse beneficiados con las normas asignadas a las agrupaciones o conjuntos de edificios que cumplen con una serie de variables contenidas en el marco regulatorio.
Es decir, simplificando, se construían proyectos con el máximo de metros cuadrados asignados a los “Conjuntos Armónicos”, pero concentrados en una torre para así evitarse los mayores costos fijos asociados a la segunda torre : de partida, es más barato ejecutar una excavación que dos.
Debemos tener en cuenta que los pronunciamientos que emite el ente fiscalizador revisten fuerza obligatoria para todos los órganos de la Administración , de modo que su falta de aplicación significa, por un lado, el incumplimiento de lo allí resuelto como la transgresión del artículo 9º de la Ley N º 10.336. En teoría, los funcionarios y/o autoridades renuentes a acatar esos dictámenes incurren en falta, pero como nos desenvolvemos en un ambiente light, no hemos sabido que la Contraloría haya ejercido toda su potestad en contra de los agentes públicos que “no están ni ahí” con sus resoluciones. A modo de ejemplo, el MOP se niega contumazmente a obedecer un dictamen de la Contraloría con respecto a la violación de la Ley de Bases del Medio Ambiente por parte de una concesionaria de autopistas.
Lo anterior lo mencionamos porque, con posterioridad al 17 de Abril de 2008, fecha de la emisión del dictamen de la Contraloría que puso las cosas en su lugar, en cuanto al concepto “Conjunto Armónico”, una municipalidad del sector oriente de la ciudad sigue aprobando anteproyectos y otorgando permisos de edificación viciados, es decir, con la misma trampa reseñada. Uno de ellos, de fecha 21 de Abril de 2008, para que un conocido banco extranjero comercial construya un edifico de 21 pisos en el sector de mayor plusvalía de la comuna de Las Condes y el otro, de fecha 22 de Abril de 2008, para que un inmobiliaria que en su nombre de fantasía incorporó la palabra “ambiente”, construya un edificio de 19 pisos en la Av. Kennedy , cerca del Parque Arauco.
En razón del desorden imperante, el lunes 16 de Junio pasado, aprovechando el lanzamiento del libro editado por la Fundación Pro-Acceso “Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile” en el auditorio de la Contraloría General y dado que en la testera estaba, entre otros, José Antonio Viera-Gallo, en la ronda de preguntas del público, le formulamos a él dos precisas propuestas para atacar de verdad la creciente lacra de corrupción y secretismo que se observa en el aparato del Estado y fundamentalmente en las municipalidades.
Le hicimos notar al desenvuelto y locuaz ministro Secretario General de la Presidencia que era indispensable aumentar el presupuesto de operación que el Ministerio de Hacienda le fija a la Contraloría , ya que con los recursos actuales no está en condiciones de ejercer oportunamente sus correctivas tareas y es más, le propusimos que se analizara la posibilidad de que en el mediano plazo dispusiera del mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía hace 35 años atrás.
También le manifestamos que era indispensable modificar su antigua Ley Orgánica Constitucional con la idea de que, entre otras necesarias modernizaciones, sus dictámenes tuvieran imperio. El sagaz ministro, en la ocasión que tuvo que responder, eludió referirse a las dos puntuales propuestas que le formulamos para mejorar la función de la Contraloría. Entendemos que no estaba en condiciones de asumir una posición clara al respecto y por ello que valga esta tribuna para que el gobierno haga los estudios pertinentes con el propósito de que en un futuro cercano, en aras del Estado de Derechos, tengamos una Contraloría más robusta.
Si se procede en consecuencia, la ciudadanía lo reconocerá positivamente.
Patricio Herman
Debemos tener en cuenta que los pronunciamientos que emite el ente fiscalizador revisten fuerza obligatoria para todos los órganos de la Administración , de modo que su falta de aplicación significa, por un lado, el incumplimiento de lo allí resuelto como la transgresión del artículo 9º de la Ley N º 10.336. En teoría, los funcionarios y/o autoridades renuentes a acatar esos dictámenes incurren en falta, pero como nos desenvolvemos en un ambiente light, no hemos sabido que la Contraloría haya ejercido toda su potestad en contra de los agentes públicos que “no están ni ahí” con sus resoluciones. A modo de ejemplo, el MOP se niega contumazmente a obedecer un dictamen de la Contraloría con respecto a la violación de la Ley de Bases del Medio Ambiente por parte de una concesionaria de autopistas.
Lo anterior lo mencionamos porque, con posterioridad al 17 de Abril de 2008, fecha de la emisión del dictamen de la Contraloría que puso las cosas en su lugar, en cuanto al concepto “Conjunto Armónico”, una municipalidad del sector oriente de la ciudad sigue aprobando anteproyectos y otorgando permisos de edificación viciados, es decir, con la misma trampa reseñada. Uno de ellos, de fecha 21 de Abril de 2008, para que un conocido banco extranjero comercial construya un edifico de 21 pisos en el sector de mayor plusvalía de la comuna de Las Condes y el otro, de fecha 22 de Abril de 2008, para que un inmobiliaria que en su nombre de fantasía incorporó la palabra “ambiente”, construya un edificio de 19 pisos en la Av. Kennedy , cerca del Parque Arauco.
En razón del desorden imperante, el lunes 16 de Junio pasado, aprovechando el lanzamiento del libro editado por la Fundación Pro-Acceso “Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile” en el auditorio de la Contraloría General y dado que en la testera estaba, entre otros, José Antonio Viera-Gallo, en la ronda de preguntas del público, le formulamos a él dos precisas propuestas para atacar de verdad la creciente lacra de corrupción y secretismo que se observa en el aparato del Estado y fundamentalmente en las municipalidades.
Le hicimos notar al desenvuelto y locuaz ministro Secretario General de la Presidencia que era indispensable aumentar el presupuesto de operación que el Ministerio de Hacienda le fija a la Contraloría , ya que con los recursos actuales no está en condiciones de ejercer oportunamente sus correctivas tareas y es más, le propusimos que se analizara la posibilidad de que en el mediano plazo dispusiera del mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía hace 35 años atrás.
También le manifestamos que era indispensable modificar su antigua Ley Orgánica Constitucional con la idea de que, entre otras necesarias modernizaciones, sus dictámenes tuvieran imperio. El sagaz ministro, en la ocasión que tuvo que responder, eludió referirse a las dos puntuales propuestas que le formulamos para mejorar la función de la Contraloría. Entendemos que no estaba en condiciones de asumir una posición clara al respecto y por ello que valga esta tribuna para que el gobierno haga los estudios pertinentes con el propósito de que en un futuro cercano, en aras del Estado de Derechos, tengamos una Contraloría más robusta.
Si se procede en consecuencia, la ciudadanía lo reconocerá positivamente.
Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad ”