Las clases dominantes se endurecen para imponer su voluntad en la defensa de intereses corporativos. Es así, que contrariando las reflexiones y críticas de los estamentos de la educación en relación con la nueva ley que regirá su funcionamiento, se proponen aprobarla en el parlamento arbitrariamente, mientras en las calles aumentan los gritos de protesta y las movilizaciones sociales para impedir que se consume una acción de mayorías de “representantes”, que con su actitud dejan en evidencia que estamos en presencia de una democracia autoritaria, vertical, que entra permanentemente en contradicciones con los estamentos organizados de la sociedad civil.
Y es que en las últimas semanas ha quedado demostrado el “estilo” de gestión que imponen los grupos de poder provenientes de la autoridad central, los partidos políticos y las tecnocracias, para obligar a la sociedad a someterse a su “proyecto de país”, sin que medie intención de negociar las formas y los contenidos que serán determinantes, para consolidar una estructura democrática y participativa de los estamentos que serán objeto de legislación, en un área clave y estratégica como es la educación, base para una democratización que termine con la exclusión y marginalidad en la que habitan los jóvenes que forman parte de la educación pública.
La actual Ministra de Educación ha dado prueba fehaciente de sus desbordes de autoridad, al deslegitimar las acciones emprendidas por el magisterio a través del Colegio de Profesores y las Federaciones Estudiantiles señalando que, los jóvenes no tienen claridad respecto de los propósitos de sus movilizaciones al igual que los educadores, movimientos que a través de la historia han dado muestras de su elevado nivel de conciencia en las luchas reivindicativas en diversos períodos, y que hoy emergen nuevamente para impedir que se legisle al margen de sus reflexiones, las que son fundamentales por su experiencia y dominio sobre el tema.
Sin duda, el desprecio por la inteligencia colectiva de estos actores de la educación, en los argumentos de Mónica Jiménez, la sitúan en un perfil similar a muchos ministros despóticos de la época de la dictadura, intentando convencer a la opinión pública que el movimiento de los “pingüinos” del año 2006 sería diferente al que vivimos recientemente. El poder y las ideas estarían dadas por la Comisión formada por la presidenta, acción destinada a morigerar la crisis hace un par de años, y desde la entrega del informe final, todo estaría reformado y eventualmente resuelto.
Y en esto coincide incluso la derecha, que más allá de las diferencias en el debate parlamentario con diputados de la Concertación, descalifican al presidente del Colegio de Profesores a través del Alcalde de La Florida Pablo Zalaquett, quien advierte falta de capacidades en el magisterio para formar parte del debate teórico que establecerá el marco constitucional que regirá los destinos de la educación en los próximos años. Así de simple, la “erudición” proviene de un Alcalde de la UDI, de la Sra. Jiménez y de uno que otro parlamentario como Marcela Cubillos y Carlos Montes entre otros.
Es decir, la sociedad civil está para trabajar, producir, generar las riquezas del país, y las superestructuras están para pensar y tomar decisiones. Hermosa forma de concebir la democracia, ajustándola a los intereses de las minorías dominantes que se expresan a través de representantes de los partidos políticos con presencia en la institucionalidad política existente. Argumentarán que fueron electos en procesos libres e informados; pero la realidad muestra que la estabilidad del país está regulada por un marco constitucional sustentado en la injusticia social, con legislaciones de amarre, y sin considerar formula alguna de participación ciudadana, ni siquiera el plebiscito como forma de consulta está contemplado en la Constitución pinochetista elaborada el año 1980.
Pero el tema trasciende a la educación, el país comienza a agudizar sus contradicciones de clase, viejo concepto marxista dejado de lado por los analistas políticos contemporáneos, pensaron en la integración de intereses, hablan de “democracia inclusiva”, mientras marginan del debate al pueblo sistemáticamente, y se potencian en la defensa de intereses ajenos y lejanos a las necesidades sociales actuales.
Estamos frente a una forma de hacer política vetusta, encerrada en una cúpula de cristal, desde donde se mira la realidad como un laboratorio donde se experimenta con animales irracionales, carentes de sensibilidad y razón. La clase dominante sabe, conoce, y por tanto impone, y a las bestias se las subordina con el poder de la represión, amenaza de sumarios y despidos dirigidos para destruir a los movimientos sociales emergentes.
El país se radicaliza, y los factores que lo determinan son los conflictos de clase desencadenados por las cúpulas transversales de los partidos políticos, y un empresariado silencioso frente al tema, no es de la naturaleza de su existencia emitir opinión sobre el debate, aunque cuando interviene Sergio Melnick en el programa “Tolerancia Cero” en Chile Visión los domingos queda la misma percepción, que la Ministra Jiménez y este empresario coinciden en su mirada despectiva al pueblo.
Los movimientos sociales y de masa no se caracterizan por su especialización, no forman parte de las tecnocracias, sin embargo, reaccionan cuando a partir de su experiencia objetiva se dan cuenta que la crisis está en su punto máximo, y que los responsables de resolverla no están disponibles para mejorar la calidad de vida de los protagonistas del proceso, sino de condicionar la estructura a formas transitorias que no generen algún nivel de inestabilidad que pudiese alterar el crecimiento sistémico. Y esta es en la actualidad la situación.