Tres puntas –y muy agudas- tiene el complicado escenario legislativo que enfrenta hoy el Ejecutivo. Más que a las veleidades de los partidos y parlamentarios habría que culpar a la multiplicada indecisión de un gobierno atenazado por conservadores y progresistas en materia educacional y por técnicos ortodoxos y consumidores exasperados en el caso de los combustibles, todo cual afecta los cursos del Transantiago.
La Presidenta Bachelet enfrenta en estos días el escenario legislativo acaso más complicado que le ha tocado vivir en lo que va de su mandato. Tres materias distintas mantienen crispadas las relaciones del Gobierno con el Congreso: los nuevos recursos para el Transantiago, la inyección de mil millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y la Ley General de Educación. En los tres casos, el Ejecutivo no sólo tiene que enfrentar las condiciones de la Alianza, sino que no sabe cómo se comportarán los descolgados de la Concertación (dos senadores y seis diputados en total) ni tampoco con qué nuevas exigencias les saldrán los “díscolos” del oficialismo.
Pero no corresponde echarle la culpa a las veleidades de partidos y parlamentarios. Son factores con los cuales la actual Administración debiera, a estas alturas, haber aprendido a convivir y a manejar. El problema es justamente no haber aprendido. Ni a sortear el juego parlamentario ni a responder a las demandas de los sectores sociales. El gobierno sigue sin anticiparse a los conflictos ni prever hasta dónde pueden llegar las movilizaciones masivas.
Ante el paro de los camioneros, no fue proactivo sino que reaccionó a última hora, teniendo que ceder en mucho más de lo que ofreció cuando se iniciaron las negociaciones hace tres meses. Y ahora, cuando ve que en el Congreso peligra la aprobación de los nuevos recursos para el Fondo estabilizador se allana a incorporar a éste el gas licuado y aumentar en un 50 por ciento el subsidio a la parafina. Ires y venires que revelan una enorme indecisión e incapacidad para resolver las contradicciones desatadas al interior del oficialismo.
Tanta crispación social y política tiene a estas alturas una solución: el fin del impopular impuesto específico a las bencinas y el diésel, aunque esto cueste, por ahora, un poco más que los mil millones de dólares frescos para el Fondo.
La misma indecisión se aprecia en medio de las tenazas abiertas por conservadores y progresistas en el proyecto de educación. Aquí los opositores se cierran a cualquier puntualización, olvidando sus reclamos anteriores de que el Congreso no debe actuar como mero buzón legislativo de las iniciativas prohijadas en La Moneda. La falta de decisión presidencial en la materia, ya evidenciada en el mensaje del 21 de mayo, no sólo choca a los alumnos y profesores movilizados y los parlamentarios que se hacen eco de sus reclamos. Ahora, con la propuesta de Piñera de un texto sobre la educación pública y particular subvencionada que deje contentos a moros y cristianos, el oficialismo arriesga perder puntos nada menos que frente a quien aspira a sucederlo en el mando polìtico.
En este ambiente, se alarga el recorrido financiero del Transantiago. A la micro se subieron los de la Alianza con 10 exigencias, pero más congestión pueden provocar los de la Concertación, al pedir más control estatal de tanta plata gestionada por el Estado para entregar a los operadores privados.
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).
Pero no corresponde echarle la culpa a las veleidades de partidos y parlamentarios. Son factores con los cuales la actual Administración debiera, a estas alturas, haber aprendido a convivir y a manejar. El problema es justamente no haber aprendido. Ni a sortear el juego parlamentario ni a responder a las demandas de los sectores sociales. El gobierno sigue sin anticiparse a los conflictos ni prever hasta dónde pueden llegar las movilizaciones masivas.
Ante el paro de los camioneros, no fue proactivo sino que reaccionó a última hora, teniendo que ceder en mucho más de lo que ofreció cuando se iniciaron las negociaciones hace tres meses. Y ahora, cuando ve que en el Congreso peligra la aprobación de los nuevos recursos para el Fondo estabilizador se allana a incorporar a éste el gas licuado y aumentar en un 50 por ciento el subsidio a la parafina. Ires y venires que revelan una enorme indecisión e incapacidad para resolver las contradicciones desatadas al interior del oficialismo.
Tanta crispación social y política tiene a estas alturas una solución: el fin del impopular impuesto específico a las bencinas y el diésel, aunque esto cueste, por ahora, un poco más que los mil millones de dólares frescos para el Fondo.
La misma indecisión se aprecia en medio de las tenazas abiertas por conservadores y progresistas en el proyecto de educación. Aquí los opositores se cierran a cualquier puntualización, olvidando sus reclamos anteriores de que el Congreso no debe actuar como mero buzón legislativo de las iniciativas prohijadas en La Moneda. La falta de decisión presidencial en la materia, ya evidenciada en el mensaje del 21 de mayo, no sólo choca a los alumnos y profesores movilizados y los parlamentarios que se hacen eco de sus reclamos. Ahora, con la propuesta de Piñera de un texto sobre la educación pública y particular subvencionada que deje contentos a moros y cristianos, el oficialismo arriesga perder puntos nada menos que frente a quien aspira a sucederlo en el mando polìtico.
En este ambiente, se alarga el recorrido financiero del Transantiago. A la micro se subieron los de la Alianza con 10 exigencias, pero más congestión pueden provocar los de la Concertación, al pedir más control estatal de tanta plata gestionada por el Estado para entregar a los operadores privados.
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).