La observación apunta certeramente a una de las características de los 18 años de los gobiernos de la Concertación: su incapacidad para resolver el problema de la inequitativa distribución del ingreso. La Presidenta socialista ha buscado una salida asegurando protección desde la cuna a la vejez a los más desfavorecidos, a través de un Estado social de derechos. Es lo que Ricardo Lagos, la figura presidencial en la penumbra, ha llamado recientemente un Estado de garantías, es decir, lo que él no construyó cuando fue Primer Mandatario, incumpliendo su slogan electoral de crecimiento con igualdad.
Más allá de la batería de anuncios disparada por la Presidenta en el Congreso Pleno, y al margen de la disputa de qué porcentaje cumplió de los que hiciera el año pasado, cabría preguntarse si ellos realmente resuelven los problemas de la gente de una manera permanente. Los 20 mil pesos del bono de invierno desde luego que no. La PSU gratis tal vez ayude al acceso a la educación superior y acaso los computadores personales abran un mundo pleno de perspectivas a niños pobres que exhiben ya buenas notas. Son oportunidades que se ofrecen y que fructifiquen o no dependerá de un sinnúmero de factores sociales, económicos, familiares y de entorno. Lo que se ve en las buenas intenciones de la Presidenta es un intento para que el Estado –“en el que creemos”, dijo- corrija las desigualdades que provoca el mercado. Los más beneficiados por el sistema no aportan nada en especial, como no sea sumarse automáticamente al esfuerzo que hace la sociedad en su conjunto, a través de sus contribuciones, para auxiliar por la vía fiscal a los más necesitados. Mientras el Estado de protección social actúa, los grandes grupos económicos, las compañías mineras, la banca y las cadenas farmacéuticas y de retail contabilizan enormes ganancias, mientras ofrecen empleos precarios a trabajadores mal pagados y crecientemente subcontratados.
Esos son los anuncios que faltaron: reforma impositiva que obligue tanto a las grandes corporaciones como a las pequeñas personas, proyectos a favor de royalties y en contra de la competencia desleal y una ley general de educación que no sea timorata con el lucro en la enseñanza.
Como ello no está en la carta de navegación concertacionista, habrá que exigir entonces el cumplimiento de la promesa de más y mejor negociación colectiva que hizo la Presidenta, para satisfacción de su correligionario Osvaldo Andrade, ministro del Trabajo. Los dirigentes sindicales que sonrieron junto a éste en el Salón de Honor saben que la suerte de estas reformas laborales se juega también en la calle y los caminos, y que para eso se necesitan más y mejores manifestaciones que las que se vivieron en esos momentos en Valparaíso.
En el Congreso se vio a un equipo ministerial feliz ante las palabras de la Presidenta y es bueno que los altos funcionarios gocen con su trabajo, pero ellos -y ellas- tienen que tener, a la vez, mucho cuidado con la autocomplacencia.
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).