Manríquez Bravo era el oficial a cargo del entonces campo de prisioneros en que fue transformado el Estadio Chile, recinto donde Víctor Jara fue torturado y acribillado el 15 de septiembre de 1973, y que en el 2003 fue rebautizado con su nombre.
Al respecto, el diputado Leal advirtió que la decisión del juez Fuentes Belmar, significa “dejar en la completa impunidad este crimen emblemático de la dictadura, donde al asesinar a Víctor Jara se quiso acallar a la cultura chilena”.
El legislador criticó además que la investigación del citado juez no arrojó nada nuevo después de 35 años de la muerte del artista, sosteniendo que hay otros responsables directos que deben ser procesados.
