Nadie marca una tendencia en el trasnochado escenario político nacional, las dinámicas son esencialmente administrativas, y los principales conflictos están centrados en una confrontación destinada al castigo del adversario, sin que medien contenidos y propósitos de país, que vislumbren algún tipo de transformación del conjunto de inequidades que se reproducen en el acontecer de cada día.
Malos manejos y acusaciones mutuas de corrupción en municipios y algunas reparticiones públicas, centran el debate para darle continuidad a la gestión de gobierno o sustituirlo por una formula que provoque la alternancia en el poder, con un discurso de autoridad donde la verticalidad, se propone profundizar el “orden establecido” de manera discrecional por los grupos opositores de derecha que bregan por desalojar a la coalición gobernante para “rectificar” el rumbo sostenido hasta ahora.
Debilidad versus coacción de mayor impronta, represión versus diálogo, en medio de una legalidad precaria en cuanto a contenidos sociales y de mayor profundidad de las libertades públicas, tan necesarias para generar un impulso cualitativo que modifique el tipo de relaciones políticas que subyacen al modelo que determina la organización social en nuestro país.
El dilema es apoyar o rechazar la gestión de la Concertación en el gobierno, acotando el destino ciudadano a la mayor o menor eficacia de las políticas públicas que son parte prioritaria de la agenda; sin embargo, el rol del ejecutivo ha perdido influencia desde los inicios de la transición hasta la fecha.
Los grupos de facto han adquirido cada vez más autonomía, y la capacidad de fiscalización del Estado hacia los grupos empresariales es cada vez menor. Si observamos el volumen del poder ejecutivo en relación al volumen de las estructuras productivas y financieras, podremos dar cuenta que estás últimas han desplazado al primero en un conjunto de roles. La fijación de la política salarial y el ordenamiento social de los sectores laborales forman parte del poder del que disponen para alinear a los trabajadores.
La mentada libertad de mercado, les permite establecer unilateralmente jornadas de trabajo, niveles de complejidad de la función del sujeto productivo en forma arbitraria, imposible de discutir desde una perspectiva sindical, cuando incluso esta misma asociación se encuentra restringida por acciones represivas invisibles, que contribuyen a restarle potencialidad a las intenciones colectivas de crear organizaciones, destinadas a defender los derechos de los asalariados en las industrias.
Si bien es cierto, existe una institucionalidad que lesiona los derechos ciudadanos y laborales, no es menos cierto, que su prolongación natural está signada por el tipo de organización laboral que las empresas se han dado para sostenes una situación de ingresos paupérrima, y enajenada del valor que el trabajo humano merece por el sacrificio diario.
Se afirma como un axioma reaccionario que el trabajador chileno es relajado y poco comprometido con su proceso laboral, sin embargo, esta retórica ideológica esconde un trasfondo destinado a justificar el maltrato, las persecuciones y los bajos ingresos que reciben los trabajadores, por extensas y extenuantes jornadas de trabajo que van desde las ocho hasta las catorce horas diarias.
Sin embargo, el país crece y multiplica su riqueza incrementando fortunas individuales y colectivas de los grupos económicos, mientras la política salarial permanece congelada, o con incentivos limitados que no son concordantes con la productividad alcanzada.
Los argumentos son siempre los mismos, que más dinero significaría poner en crisis a las industrias y el comercio nacional, aumentando la cesantía. Así es que es necesario continuar ajustándose el cinturón.
Mientras tanto, la acción política cotidiana ignora estos hechos. Para la derecha es solo desorden o falta de autoridad del gobierno, convirtiéndose en fieles servidores de la preservación de las injusticias y explotación existentes.
La pregunta que se viene es para que la derecha desea ser gobierno, está claro que su objetivo no es mejorar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, sino reafirmar y profundizar, el sistema de relaciones que potencian un modelo basado en la intensificación de las diferencias y el mantenimiento del status quo, y que la Concertación, evita rectificar para no complicarse la existencia con conflictos generados por los grupos fácticos, que a estas alturas se ven muy consolidados y con un poder desestabilizador a toda prueba, en los plazos que se propongan para impedir que la justicia social se imponga en el sector privado.