La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó la madrugada de este sábado su rechazo a cualquier tipo de ruptura de la integridad territorial de Bolivia, a la vez que respaldó al gobierno y llamó a los sectores opositores a dialogar, a escasas horas de que se realice en el departamento boliviano de Santa Cruz (este), un referendo separatista.
En el texto, aprobado tras siete horas de debate, los países miembros de la OEA expresaron “su solidaridad y respaldo al Pueblo de Bolivia, al Gobierno Constitucional dirigido por el Presidente Evo Morales Ayma, a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo boliviano”.
El pronunciamiento se produjo después de que el emisario de la OEA, Dante Caputo, presentara al Consejo su informe sobre su visita esta semana al país andino. El ex canciller argentino advirtió sobre la situación en Bolivia: “Mi temor, mi evaluación política, es que el problema de la violencia se convierta en el tema central de la cuestión política boliviana. Obviamente, esta es mi preocupación central”, explicó. La región de Santa Cruz, una de las más grandes, ricas y prósperas de Bolivia y que concentra 30 por ciento del PIB nacional, insiste en llamar este sábado a un referendo aprobatorio para una suerte de Constitución confrontada local, que el presidente Morales considera ilegal y secesionista. De hecho la CNE, la máxima autoridad electoral ha desaprobado este proceso y el Congreso, que según las leyes bolivianas es el único órgano que puede convocar cualquier consulta comicial no la autorizó. Iván Canela, vocero de la presidencia de Bolivia dijo este sábado a TeleSUR que la resolución de la OEA “es un rechazo al sondeo de Santa Cruz (…) la OEA señala con claridad que no va a admitir cualquier actividad al margen de la ley”.
A pesar del pedido del gobierno del presidente Evo Morales de que la OEA condenara firmemente al referendo cruceño, la resolución no incluye un rechazo específico a la consulta, que ha sido catalogada de ilegal por el Ejecutivo de Bolivia, por el Congreso y por la Corte Nacional Electoral (CNE) de ese país andino.
El organismo hemisférico se limita a exhortar al Ejecutivo central y a Santa Cruz a que agoten todas las instancias de diálogo “para encontrar una salida constitucional y democrática al conflicto”. La OEA también indicó que acoge “con satisfacción” las manifestaciones de respeto al orden constitucional y la integridad territorial, y rechazó “cualquier intento de ruptura de los mismos”. Antes de que la resolución fuera aprobada por aclamación, el canciller boliviano, David Choquehuanca, había reiterado la voluntad de diálogo de su gobierno, pero acusó a las autoridades de Santa Cruz de rehusar entrar en cualquier tipo de negociación. “Las puertas del diálogo que el hermano presidente Evo Morales ha abierto han sido bloqueadas”, manifestó.El pronunciamiento se produjo después de que el emisario de la OEA, Dante Caputo, presentara al Consejo su informe sobre su visita esta semana al país andino. El ex canciller argentino advirtió sobre la situación en Bolivia: “Mi temor, mi evaluación política, es que el problema de la violencia se convierta en el tema central de la cuestión política boliviana. Obviamente, esta es mi preocupación central”, explicó. La región de Santa Cruz, una de las más grandes, ricas y prósperas de Bolivia y que concentra 30 por ciento del PIB nacional, insiste en llamar este sábado a un referendo aprobatorio para una suerte de Constitución confrontada local, que el presidente Morales considera ilegal y secesionista. De hecho la CNE, la máxima autoridad electoral ha desaprobado este proceso y el Congreso, que según las leyes bolivianas es el único órgano que puede convocar cualquier consulta comicial no la autorizó. Iván Canela, vocero de la presidencia de Bolivia dijo este sábado a TeleSUR que la resolución de la OEA “es un rechazo al sondeo de Santa Cruz (…) la OEA señala con claridad que no va a admitir cualquier actividad al margen de la ley”.
Para Canela los resultados de esta “encuesta” serán intrascendentes y fraudulantos, pues los resultados no serán recibidos por la CNE sino que se ha contratado a una empresa privada para que realice el escrutinio de los votos.