Mientras en Aysén pescadores, trabajadores y juntas de vecino esperan generar un movimiento que incluya también a otros sectores de la población para exigir una moratoria, en Magallanes los tripulantes de las naves pesqueras, los pescadores artesanales y los empresarios de turismo, persiguen el mismo objetivo.
RAZONES PARA UNA MORATORIA
En Punta Arenas, el Sindicato de tripulantes de naves pesqueras especiales de (Sitoners) afirmó en una declaración que “a las denuncias que hemos realizado en el pasado se suma la actual crisis en la industria del salmón producto del cierre y la puesta en cuarentena de una gran cantidad de centros de engorda de salmónidos en la Décima y Décimo primera Regiones, además del cierre de plantas de proceso y de miles de despidos de trabajadores en Puerto Montt, Chiloé y Aysén”.
El texto agrega que “esta crisis se ha generado por los bajos estándares ambientales y sanitarios de la industria del salmón que hace años vienen denunciando organizaciones ambientalistas, pescadores y científicos. Producto de esto, ha aparecido primero la plaga del piojo de mar (Caligus) y luego el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA)”.
“Bajo este escenario resulta lógico el aumento de solicitudes de concesiones acuicolas en la Región de Magallanes, ya que en las regiones antes mencionadas, la contaminación es cada vez mas severa y prácticamente no quedan espacios o áreas vírgenes disponibles”, advierte Sitoners.
El Sindicato asegura que “con estos antecedentes se nos hace un deber alertar a nuestras autoridades y la ciudadanía en general, sobre los posibles conflictos a los que nos veremos enfrentados en un futuro próximo tales como migraciones masivas de trabajadores desde otras regiones del país y que eventualmente pudieran quedar sin su fuente laboral produciendo un aumento en la cesantía regional”
Además, “del riesgo sanitario a los frágiles ecosistemas patagónicos en donde pueden verse afectado por el virus ISA, y el piojo de mar como ha ocurrido en otras regiones; diseminación de antibióticos en el subsuelo marítimo y fauna nativa que a través de la cadena trófica es consumida por el ser humano creando una resistencia de ciertas enfermedades a los antibióticos”.
Es por estas razones que Sitoners demanda del Gobierno “establecer una moratoria a la entrega de concesiones, hasta que el Estado regule el uso de antibióticos y químicos que usa la industria del salmón. Como también hacer exigible un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una Declaración (DIA) como ocurre en la actualidad”.
La organización exige además una revisión de todos los subsidios que el Estado entrega actualmente a las empresas salmoneras instaladas la Región de Magallanes y la suspensión de nuevas franquicias.
PESCADORES NO QUIEREN SALMONERAS
En tanto, José Hernández, Consejero Zonal de Pesca y asesor de las organizaciones del sector marítimo y pesquero de Magallanes, dijo que “no comparto la expansión de la salmonicultura, por considerar que es una actividad económica que con su ineficiencia arrasó con aspectos sociales, económicos y ambientales en el sur de Chile. El desarrollo de la acuicultura en nuestro país se justificó por la necesidad de desminuir la presión que existía sobre los recursos pesqueros, los cuales estaban siendo seriamente sobre explotados por el incremento en la demanda del recurso para el consumo humano”.
Otro tema de preocupación para la pesca artesanal, “son los impactos ambientales que esta actividad ha dejado y la poca participación del Estado a través de sus organismos para realizar una fiscalización eficiente y seria. Ello debido a los severos impactos físicos, químicos, biológicos y paisajistas que ha provocado esta actividad en el sur del país”.
José Hernández afirmó que se ha investigado sobre el impacto ambiental causado por los desechos que genera la actividad salmonera. Un estudio señaló que un 12% de la acuicultura trataba sus aguas de descargas, mientras que los residuos sólidos se acumulaban en el fondo de las jaulas y podían ser removidos al mar, causando disminución del oxigeno en las aguas y de la biodiversidad, situación que hoy cobra mayor importancia dado los altos índices de contaminación que expresan las aguas en el Estuario de Reloncaví de la Región de los Lagos y lugares adyacentes”.
Según el dirigente pesquero, “la única forma que se desarrolle la actividad salmonera en nuestra Región, debe hacerse con el máximo de transparencia por todos los actores, haciendo análisis de las áreas concesionadas y respetando a las comunidades de pescadores artesanales en sus bahías de abrigo y trabajo, no hacerlo es imponerse por el peso de lo económico y ello sin duda alguna traerá como consecuencia conflictos inevitables que en nada contribuyen al fortalecimiento de nuestra democracia”.
Agregó que “pensar que por mérito de las inversiones que se promueven es factor suficiente para dar luz verde a una actividad que genera tantos riesgos, es no entender las necesidades y obligaciones que nos propone como desafío el crecimiento y desarrollo de nuestras regiones y países”.
Hernández responsabiliza a la autoridad pesquera de “no prever los efectos negativos de esta actividad industrial, a quienes acusó de actuar con criterio cortoplacista y desprolijamente, destellados básicamente por las ofertas de creación de empleos e inversiones”.
También apuntó en contra de los Presidentes de la República, quienes –dijo-“tampoco han dado señales que nos muestren su deseo de frenar ésta actividad y que ella sea realmente una propuesta de futuro y no como es hoy día, un potencial fracaso, y en el cual seremos todos los chilenos quienes debemos enfrentar los costos sociales que se vienen.