Además, los datos suministrados por las encuestas indicaban que la mayoría de la población estaba en contra de la destitución de la ministra Provoste. Aún así, la derecha vieja, apoyada por la neo derecha ex DC de Zaldívar y los ex PPD de Flores, adoptó una estrategia de confrontación directa, cuyo objetivo político-mediático era asestarle un golpe al gobierno concertacionista. Es el tipo de escaramuzas propio de lo que se llama el juego político parlamentario en regímenes donde la exclusión de los sectores populares es la norma. Panem et circences.
Cabe preguntarse qué hubiera hecho en una situación parecida un grupo de parlamentarios pertenecientes a un bloque de partidos de izquierda auténtica en una hipotética situación donde la elección de parlamentarios se hubiera hecho según la regla proporcional. ¿Hubieran votado por la destitución de quién era responsable-imputable en la gestión de los dineros públicos de un sistema de educación opaco y regulado fundamentalmente por la lógica del lucro?
Es evidente que un bloque de parlamentarios de izquierda y antineoliberal hubiera bregado siempre por un sistema de educación gratuito y universal congruente con la concepción de que la educación pública y laica son un derecho y un bien común que deben ser responsabilidad del Estado. Una política popular se hubiera enmarcado y apoyado en las movilizaciones estudiantiles y en las luchas populares de los trabajadores y de las capas medias para exigir que parte de los excedentes fiscales fueran invertidos en un plan de educación global y bien planificado. Lo mismo en salud para todos y de calidad.
Un equipo de parlamentarios de izquierda antineoliberal hubiera planteado, sin lugar a dudas, el llamado a Estados Generales o a una Asamblea de la educación pública, donde con la participación de las organizaciones sindicales de profesores, de la CUT, de los apoderados, de los estudiantes, de los movimientos sociales, de los expertos del mundo académico y de los partidos políticos se hubieran diseñado las políticas educacionales para un Chile moderno.
Pero fundamentalmente la izquierda hubiera defendido la necesidad de un plebiscito para dar curso a esta reivindicación y a otras como el derecho al aborto y a la elección de una Asamblea Constituyente para redactar una Constitución democrática que garantice no sólo las libertades individuales sino también los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.
Además, hubiera creado las condiciones para consultar directamente a la ciudadanía y a sus militantes acerca de la actitud a adoptar ante una acusación constitucional buscando preservar siempre la coherencia con sus principios.
Y para transparentar los mecanismos de subvención y distribución del dinero público a sostenedores privados, un bloque de izquierda hubiera apoyado la creación de una comisión investigadora compuesta por parlamentarios y por expertos probos.
Editoriales de medios derechistas ya han advertido acerca del peligro que implica la utilización reiterada del mecanismo de la acusación constitucional. No tienen un pelo de tontos. En este caso se justificaría, han dicho, con esa mala conciencia que caracteriza a la derecha chilena.
Ahora bien, y esto sí que hubiera sido una práctica intransigente. Un grupo de parlamentarios de izquierda utilizaría el mecanismo de la acusación constitucional cada vez que la vida de un trabajador es sesgada por las balas de los aparatos policiales o que jóvenes pobladores y mapuches caen bajo balas anónimas, o que un movimiento huelguístico es reprimido con la ferocidad denunciada por Amnistía Internacional en circunstancias donde las fuerzas del orden operan y dependen directamente del ministerio del Interior.
Leopoldo Lavín Mujica es profesor del departamento de filosofía, Collège de Limoilou, Québec, Canadá
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