Refuerzos para defensoría mapuche
Los querellantes son la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. En la práctica, ellos tenían una nula defensa legal pues a lo largo de todo el año 2007, los abogados de la Defensoría Pública Mapuche (Ricardo Cáceres y Jaime López) nunca solicitaron su libertad bajo fianza, ni impugnaron la declaración por la cual Painemil inculpó a Llaitul en el hecho investigado. Ahora la situación es diferente, ya que el abogado de Derechos Humanos Juan Enrique Prieto (de la Fundación Laura Rodríguez, vinculada al Partido Humanista) y el ex Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central) están apoyando a los defensores públicos en el tema. A pedido de la organización de Familiares de Presos Políticos de la Coordinadora, que teme la orquestación de un montaje en contra de los inculpados, se harán presente en el juicio asimismo observadores de organizaciones de derechos humanos de Chile y el extranjero.
Duro informe de Asociación Americana de Juristas
Las irregularidades de este y otros procesos fueron denunciadas por los presos políticos mapuche de la región a una delegación internacional de la Asociación Americana de Juristas, que realizó en enero de este año una visita in situ a la Novena Región, visitando comunidades y cárceles en que están recluidos hombres y mujeres mapuche. La misión, encabezada por la abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad, emitió un duro informe esta semana en Santiago de Chile, con un recuento de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. El informe se hace eco de las denuncias de militarización del territorio de todas las comunidades que defienden sus tierras ancestrales y hace presente, entre otras consideraciones, la indefensión en materia legal que afecta a los presos políticos y a las comunidades, sus familias y en especial sus niños frente a la violencia desplegada en su contra por agentes del Estado en los constantes allanamientos de que son objeto.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
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