El Gobierno boliviano denunciará, el próximo 22 de abril, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las condiciones de semiesclavitud a las que están siendo sometidas unas 800 familias del pueblo guaraní, en 197 haciendas situadas en la región del Gran Chaco boliviano. Así lo informó el viceministro boliviano de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona, quien afirmó que los derechos de los pueblos originarios deben respetarse “y por lo tanto, vamos a denunciar” en la ONU, “esta cruda realidad que vivimos los indígenas”.
En ese sentido, Ticona destacó que el Gobierno de Evo Morales continuará desarrollando la reforma agraria, que entró en vigencia en el 2006 con la Ley de Reconducción Comunitaria y que obliga a la reversión al Estado de las tierras improductivas que no cumplen una Función Económica y Social (FES), hasta que el último guaraní tenga tierras suficientes para trabajarlas.
La comunidad guaraní, es la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia, actualmente cuenta con una población de 170 mil personas, entre ellas 800 familias empadronadas en situación de esclavitud por hacendados de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
Según datos del Ministerio de Justicia de Bolivia, alrededor de 19 comunidades son las que están en las haciendas de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles, de Chuquisaca; Gran Chaco y O’Connor, de Tarija, y en la cordillera en el Alto Parapetí, en Santa Cruz.
El pasado 10 de marzo una comitiva, integrada por líderes de pueblos indígenas y representantes del Gobierno boliviano, acudieron ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), para reflejar la situación de las comunidades guaraníes.
En esa oportunidad, Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca, denunció que los pueblos indígenas viven en situación de esclavitud y “los patrones prohíben que las familias que viven en sus haciendas se comuniquen con organismos y les coartan la educación o las condiciones sanitarias mínimas”.
Terratenientes rechazan el saneamiento
En el departamento de Santa Cruz, los ganaderos se oponen a realizar el saneamiento de tierras, como se le conoce al proceso de reforma agraria, y este jueves realizaron cortes de rutas para impedir el ingreso de comisiones técnicas del gobierno boliviano, que tienen la tarea de fiscalizar si hay tierras improductivas en la zona. Los terratenientes del Alto Parapetí -donde se estima que unos 2 mil 700 indígenas en están en situación de esclavitud-, conjuntamente con miembros de la Unión Juvenil Crucenista, de la Prefectura de Santa Cruz y ganaderos, cercaron el hotel donde se encontraba la ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario, Susana Rivero, encargada de realizar la fiscalización de las tierras. Las autoridades del Gobierno y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron declarados personas no gratas en la región por la Federación de Ganaderos, quienes exigieron a la comisión retirarse del lugar y solicitaron un receso hasta el 4 de mayo, fecha en la que autoridades opositoras pretenden realizar un referendo autonómico separatista en Santa Cruz. En medio de gritos de “autonomía”, “fuera de camirí”, además de una serie de adjetivos en contra de los funcionarios, la ministra Rivero reiteró la voluntad del Ejecutivo de impulsar el diálogo entre representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní y los ganaderos.
En el departamento de Santa Cruz, los ganaderos se oponen a realizar el saneamiento de tierras, como se le conoce al proceso de reforma agraria, y este jueves realizaron cortes de rutas para impedir el ingreso de comisiones técnicas del gobierno boliviano, que tienen la tarea de fiscalizar si hay tierras improductivas en la zona. Los terratenientes del Alto Parapetí -donde se estima que unos 2 mil 700 indígenas en están en situación de esclavitud-, conjuntamente con miembros de la Unión Juvenil Crucenista, de la Prefectura de Santa Cruz y ganaderos, cercaron el hotel donde se encontraba la ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario, Susana Rivero, encargada de realizar la fiscalización de las tierras. Las autoridades del Gobierno y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron declarados personas no gratas en la región por la Federación de Ganaderos, quienes exigieron a la comisión retirarse del lugar y solicitaron un receso hasta el 4 de mayo, fecha en la que autoridades opositoras pretenden realizar un referendo autonómico separatista en Santa Cruz. En medio de gritos de “autonomía”, “fuera de camirí”, además de una serie de adjetivos en contra de los funcionarios, la ministra Rivero reiteró la voluntad del Ejecutivo de impulsar el diálogo entre representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní y los ganaderos.
Rivero pidió un receso hasta que se calmen los ánimos y posteriormente, entre las partes involucradas, definir la forma de comenzar el saneamiento de tierras.