La opción seguida por la inmensa mayoría de la población, de “participar” bajo las reglas del pinochetismo consistía, fundamentalmente, en una apuesta que, en mi opinión, sí perdimos: se apostó a que el pinochetismo civil tomaría distancia del militar y se allanaría a restablecer las instituciones democráticas de las que estábamos orgullosos hasta el maldito martes 11 de septiembre de 1973. Desde luego, ese camino de democratización debía comenzar por una nueva Constitución.
Todos sabemos de la ilegitimidad de origen y de fondo del Decreto Ley 3.469, que constituye la Constitución Política de Pinochet de 1980.
En su elaboración no participó ni un solo demócrata. Tres juristas democráticos que, al comienzo, inocentemente integraron la Comisión designada por Pinochet, renunciaron al ver la dirección que estaba tomando la nueva Carta.
En materia de derechos humanos, por ejemplo, no consagra aquel que los dos convenios principales de las Naciones Unidas consideran esencial: el derecho a la libre determinación del pueblo (único artículo común al Pacto de derechos civiles y políticos) y al de derechos económicos, sociales y culturales.
No consagra derechos que aparecen en todos los textos constitucionales de los últimos 27 años (para incluir toda la vigencia del texto de 1980), como los derechos humanos a la vivienda y a la alimentación.
El derecho a la salud está contemplado en lo menos importante: el derecho a elegir el sistema de salud, pero no garantiza el derecho a contar con prestaciones de salud.
Tampoco contempla una institución como un Ombudsman, o Defensor del Pueblo, que está en todas las Constituciones post dictaduras (salvo la de Brasil) en América Latina.
Consagra un sistema electoral que, junto a los altísimos quórum para su modificación, impide que el pueblo chileno pueda modificar su ley fundamental sin el concurso indispensable de quienes así lo idearon y realizaron, para que jamás el sistema político refleje la Voluntad de nuestro pueblo.
La Constitución actual no otorga rol alguno al Estado como promotor del bien común y del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Estas funciones las delega en los mercados.
Tampoco reconoce la pluriculturalidad de nuestra sociedad, ni se interesa en las limitaciones de las personas que sufren discapacidad. Mantiene la discriminación a
los chilenos que la dictadura expulsó de Chile para impedirles la ciudadanía. Todos los intentos de los Gobiernos constitucionales de otorgar el voto a chilenas y chilenos radicados en el exterior, han fracasado por oposición de los parlamentarios pinochetistas.
Constitucionaliza un sistema económico concentrador de la riqueza, excluyente de las mayorías y generador de desigualdades económicas como no las hubo jamás en nuestra historia, y para cuya modificación resulta indispensable que los beneficiarios que lo crearon se allanaran a aceptarlo. No lo harán jamás.
De hecho, el pinochetismo ha logrado lo que buscó: que la voluntad
del único gobernante no elegido en nuestra historia rija los destinos
de Chile hasta la perpetuidad. Sí, hasta la perpetuidad.
Tampoco asume el universalismo de los derechos humanos, base de la
cultura mundial desde el fin de la segunda guerra mundial. Por ello, nuestro
país sufre la vergüenza de no ser parte en importantes tratados
internacionales, como el que crea la Corte Penal Internacional, el que
reconoce los derechos de los pueblos indígenas, las convenciones
universal y americana contra las desapariciones forzadas, el Protocolo
que permite a la mujer reclamar internacionalmente en casos de
discriminación, entre otras.
Los cuatro gobiernos constitucionales post dictadura se han empeñado
en la democratización, pero todas las reformas esenciales se han
topado con el muro infranqueable de quienes gobernaron durante la dictadura.
Pensamos que el fatalismo de los sectores democráticos en el Gobierno,
en cuanto a la imposibilidad de revertir esta situación, puede y debe ser
derrotado por la sociedad civil, ansiosa de ser parte en un proceso
democrático que la represente y del que pretende ser actora fundamental.
Desde 1978 –es decir, desde antes de la Constitución pinochetista- los demócratas del interior, con el apoyo formidable del exilio, comenzaron a estudiar una Constitución democrática para Chile. Para ello se formó el Grupo de Estudios Constitucionales – o Grupo de los 24 -, que elaboró un proyecto que no ha sido posible poner en práctica. Y desde 1990 se han formado unos diez grupos destinados a preparar una Constitución democrática.
El problema es cómo hacerlo, teniendo en consideración que se requiere un procedimiento formal.
Alternativa 1: seguir juntando firmas como se ha hecho ya cientos de veces, o realizando consultas populares. Nada ha resultado.
Alternativa 2: que los parlamentarios democráticos sigan presentando proyectos de reforma constitucional. La experiencia demuestra que los proyectos no logran los altísimos quórum de aprobación exigidos por la Constitución de Pinochet y se rechazan (derecho a voto para los extranjeros, por ejemplo), o se cambian de tal naturaleza que finalmente no se consigue nada.
Alternativa 3: Un acto de fuerza política, por ejemplo. Que quien sea Presidente o Presidenta de la República, de un golpe de Estado y derogue por sí y ante sí la Constitución. Pero quién quiere que Bachelet, o quien sea, se transforme en un Fujimori, que hizo exactamente eso en 1992 y que pudo hacerlo pues contaba con el apoyo del Ejército??
¿No hay nada que hacer y debemos resignarnos a tener la Constitución de Pinochet perpetuamente?
Pensamos que podemos hacer un cambio radical, tal como lo hizo la sociedad colombiana en 1989. Colombia, como Chile hoy, vivía bajo una Constitución –de 1886- caduca y un sistema de bipartidismo que marginaba a grandes sectores sociales. La abstención electoral era elevada; ninguno de los graves problemas nacionales encontraba solución.
La sociedad civil decidió el audaz paso de auto convocarse para un plebiscito de hecho: en las siguientes elecciones el pueblo exigiría la instalación de una Asamblea Constituyente, emitiendo una informal “séptima papeleta”, además de las seis oficiales (alcaldes, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores y candidatos en la consulta liberal).
Por una notable coincidencia, las elecciones fueron el 11 de marzo de 1990, el mismo día en que asumía el primer presidente constitucional en más de 16 años. Si bien las “séptimas papeletas” no fueron escrutadas, para nadie pasó desapercibido que fueron mucho más de dos millones. El triunfo arrollador no dejó otra alternativa que su
confirmación en un referéndum formal –aunque inconstitucional- que se realizó junto a la elección presidencial de mayo. El 86,59% de quienes votaron en la elección presidencial votaron por el “SI” en el referéndum. Pero a esa altura, los problemas en Colombia no se
solucionaban con sólo un cambio de Constitución.
Hoy el pueblo de Chile, como ayer el Colombiano, debe auto convocarse. Todos
los demócratas, dentro y fuera de la Concertación, dentro y fuera de Chile sin exclusiones.
La oportunidad es la próxima elección municipal que se realizará en Octubre próximo, a la que expresa y formalmente nosotros daríamos carácter plebiscitario. Se trata de repetir el modelo ganador de 1988 en Chile y 1989 en Colombia, hasta que tengamos democracia de verdad, en que la mayoría electoral sea mayoría parlamentaria y todas las corrientes puedan tener expresión política, sin exclusiones.
Desde luego, esta proposición en nada altera las lealtades partidarias.
La idea sería hacer una marca en el voto, además de la preferencia del votante. Por ejemplo, agregar las letras CD, que identificaría bien la voluntad de “Constitución Democrática”. Una marca de esta naturaleza NO ANULA EL VOTO, pues la Ley electoral Nº 18.700 dispone que “Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia”. NO HAY OTRO VOTO NULO. Incluso la Cartilla de Instrucciones del Servicio Electoral 2005, página 21 Nº 5.1.6 dispone que ” También se escrutarán como válidas las cédulas en que se haya señalado una sola preferencia, pero que la Mesa estime “OBJETADAS”, (marcadas), por tener, además de la preferencia, rayas, palabras, firmas, dibujos, etc. (lo subrayado y en mayúscula aparece así en la cartilla oficial).
Las alternativas para una mayor eficacia deben aun discutirse: podría ser
una “papeleta” adicional metida dentro de los pliegues del voto. Pero
también podría marcarse el voto con una consigna consensuada que sea clara, inequívoca, fácil, breve y motivadora. Otra forma podría ser un llamado de las organizaciones civiles, de trabajadores, estudiantes, líderes morales, etc. a votar sólo por los candidatos que
expresa e inequívocamente se comprometan a derogar la Constitución de la dictadura. La Presidenta, sus ministros, los partidos que la apoyan y los opositores democráticos debieran alentar esta sugerencia, plenamente coincidente con sus insistentes llamados a democratizar las instituciones. El llamado debiera ser repetitivo; figurar en todos los
afiches y propaganda radial; ser el lema de la franja; aparecer en las
fotos de los candidatos con el Presidente.
Una propuesta como ésta podría encantar a esa juventud que, en su
desilusión, ha optado por marginarse. Debemos invitarla a ser la principal actora de este movimiento.
Es indispensable confiar en el pueblo y no descalificar a priori la propuesta. Estos temas si le interesan a la gente.
A la gente
– le preocupa que el Estado no le solucione sus problemas de
educación y de salud, porque el pinochetismo parlamentario niega los recursos;
– le indigna que, dineros que podrían destinarse a
solucionar la extrema pobreza se gasten en armas y aviones;
– le irrita que para la minoría pinochetista la desigualdad
sea un problema secundario;
– le desespera que la huelga sea un instrumento inútil y
una forma de despedir trabajadores y que se posterguen las reformas laborales;
– le desconcierta que la solución de los problemas de las etnias
autóctonas quede sujeta a los intereses de los que las han mantenido en la miseria.
Se trata de “sacar definitivamente al pizarrón al pinochetismo”. Es
una carta ganadora. Antes que, como en Colombia, sea demasiado tarde.
Más mil personas han adherido a esta iniciativa, entre otras:
Fernando Castillo Velasco, Manuel Antonio Garretón, Jacques Chonchol, Carlos Tomic, Gustavo Ruz, Roberto Garretón, Patricia Verdugo (Q.E.P.D.), Andrés Aylwin, José Galiano, Mauricio Salinas, Julio Stuardo González, Miguel Ávila, Héctor Salazar Ardiles, Humberto Lagos Schufenegger, Roberto Ávila; Carmen Lazo, Carlos Moya, Luís Casado, Lautaro Videla, Esteban Silva, Jorge Cisternas, Celsa Parrau, Edgardo Condeza, Vicky Larraín, Aníbal Reyna, Toño Kadima, Mónica Echeverría, Julio Frank, Elir Rojas Calderón, Haydee Oberreuter, Juan Guzmán Tapia, Ana María Bussi, Obispo Helmut Frenz, Álvaro Escobar, Orlando Caputo, Graciela Álvarez Rojas, Álvaro Varela, Viviana Díaz, Armando Uribe, Nicanor Parra, José Miguel Varas, Wilson Tapia, Luís Weinstein, Tucapel Jiménez Isabel Margarita Morel, Óscar Torres, Jorge Pavez, Tomás Moulián, Alejandro Sule, Fernando Meza, Paz Rojas, Miguel Retamales, Etiel Moraga, Oscar Núñez, Tomás Hirsch, Juan Pablo Cárdenas, José Miguel Segura, Raquel Olea, Eliana Bronfman, Enrique Silva Cimma, Carmen Soria, Álvaro Muñoz, Carlos Margotta, Luís Enrique Puebles, Paulina Weber, Teresa Valdés, Elisabeth Lira, Ana Cortez Salas, Fernando Villagrán, Diego Carrasco, Ximena de la Barra, Graciela Bórquez, Abraham Magendzo y muchas más.