Por 59 votos a favor y 55 votos en contra la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste, quien quedará inmediatamente suspendida de su cargo hasta que el Senado se pronuncie. En la sesión permanecieron 116 parlamentarios, y dos diputados se abstuvieron de votar: el PPD, René Alinco y el demócrata cristiano Pablo Lorenzini. No votaron los diputados Gabriel Ascencio (DC), Pedro Araya (independiente), Laura Soto (PPD, desaforada) y Esteban Valenzuela (independiente).
De esta manera el libelo acusatorio de la oposición contó con el respaldo de los 55 diputados de la oposición más cuatro parlamentarios independientes partidarios del senador Adolfo Zaldívar, expulsado de la Democracia Cristiana.
La ministra recibió la decisión con entereza, y fue saludada efusivamente por parlamentarios oficialistas.
Ahora el libelo acusatorio pasará al Senado, cuyos miembros actuarán como jueces y deberán definir si la secretaria de Estado es destituida de su cargo.
La jornada en la Cámara, se extendió por más de cuatro horas, se inició con una pormenorizada exposición del diputado de Renovación Nacional (RN), Germán Becker, quien a nombre de la Alianza expuso los argumentos que se tomaron en cuenta para presentar el libelo.
ORIGEN DE LA ACUSACIÓN
La oposición oficializó la presentación de la acusación contra la ministra Yasna Provoste luego de conocerse el escándalo de irregularidades en el pago de subvenciones escolares detectado por la Contraloría.
Los argumentaron contra Provoste dicen que infraccionó la ley de Subvención, de Probidad, de Base de la Administración del Estado, la específica que rige al Ministerio de Educación y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce).
En el documento de más de cien páginas, presentado por la oposición, se sustenta el libelo acusatorio en cinco puntos; que “no se corrigieron las graves infracciones e irregularidades cometidas por la seremi de Educación metropolitana en materia de recursos públicos”, que “no fueron sancionadas las infracciones graves a la Ley de Subvenciones”, en tercer lugar se consigna, “la no destitución del ex seremi metropolitano de Educación Alejandro Traverso, responsable a juicio de la derecha de las infracciones e irregularidades graves cometidas en la cartera”.
Además, se establece que “se habrían ignorado las auditorías que dan cuenta de gravísimas irregularidades cometidas en distintos programas y regiones del país y la entrega de informaciones falsas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa”.
Los parlamentarios sustentaron este punto con diversas declaraciones que -a su juicio- efectuó la ministra Provoste donde “falta a la verdad o oculta parcialmente los hechos”.
En tanto los diputados que firmaron el documento acusatorio fueron Mario Bertolino (jefe de bancada), Germán Becker, René Manuel García, Rosauro Martínez y Alfonso Vargas, de Renovación Nacional (RN) y José Antonio Kast (jefe de bancada), Enrique Estay, Iván Moreira, Darío Paya y Juan Masferrer, por la UDI.