El miércoles 19 de abril, en los Tribunales de Santiago, se presentó la demanda de Nulidad de Derecho Público que persigue anular el Decreto Supremo Nº 116 de Minería del 9 de enero de 2003, firmado por Lagos Escobar y el Ministro de Minería Subrogante de la época Patricio Morales Aguirre.
Según los demandantes el citado decreto es ilegal porque se promulgó obedeciendo a la necesidad de un privado (Barrick Gold) de contar con una aduana en su área de operación (Pascua Lama), de modo que con aportes entregados por la empresa, el Estado debe pagar los funcionarios públicos que deberán fiscalizarla.
Por otro lado, se está atentando contra el principio de no discriminación, el que supone que los dineros que ingresan a la bolsa del Fisco, no pueden tener un destino previamente determinado, en circunstancias que lo que erogaría Barrick iría directamente a cubrir las costas aduaneras, dándose la particularidad de que los gastos figuran como del Estado, pero los ingresos son aportados por privados.
Lo que más preocupa a las organizaciones que defienden la vida del Valle del Huasco es que con estos mecanismos, el Estado se está poniendo al servicio de empresas de negro prontuario como Barrick. Además el Estado está abiertamente generando instrumentos legales para entregar el control fronterizo y los bienes comunes a empresas transnacionales.
Firmaron esta demanda las siguientes organizaciones:
Consejo de Defensa del Valle del Huasco,
Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Vallenar,
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales,
Comité de Defensa y Recuperación del Cobre,
los Concejales de la Comuna de Alto del Carmen, Santiago Luis Faura Cortés y Enrique Gaitán.
En la actualidad el proyecto -que cuenta con siniestras autorizaciones ambientales otorgadas por CONAMA- está detenido, por no estar resueltos los procedimientos de tipo tributario que debe establecer la trasnacional en su relación con los estados de Chile y Argentina.