No se trataba de un proceso puramente chileno. Tras el derrumbe del colonialismo y el auge del movimiento de países No Alineados, se logró que la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Resolución 1803 – del 14 de diciembre de 1962 – denominada “Resolución sobre Soberanía Permanente de los Recursos Naturales”, que reconoce “el derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas naturales en conformidad a sus intereses nacionales y en el respeto a la independencia económica de los Estados… La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad y de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero“.

La legitimidad de la nacionalización es indiscutida, y su absoluta justeza también, pero además constituye el mayor éxito económico de toda nuestra historia, como lo demuestran los siguientes datos. Desde 1971 hasta el año 2007, la empresa estatal Codelco, le ha entregado más de US50.000.000.000 (cincuenta mil millones de dólares) al erario nacional, lo que representa más del doble que el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado absolutamente todas las empresas privadas de todo tipo que existen o han existido en Chile en este mismo período de tiempo, incluyendo los bancos, compañías de seguros, AFP, empresas mineras, forestales, industriales, pesqueras, etc. Es cierto que estamos comparando el cien por ciento de las utilidades de CODELCO, con el impuesto de primera categoría de las empresas privadas, que es sólo de 17 % en la actualidad, pero a la vez, es comparar los aportes de una sola empresa del Estado, CODELCO, con el aporte de decenas de miles de empresas privadas de todo tipo.
 
Tanto la dictadura como los gobiernos de la Concertación, han legislado expresamente para permitir que la inversión extranjera se extendiera hasta controlar, actualmente, dos tercios de la producción, pese a que en 1973 no alcanzaban a producir el 10 % de la producción nacional, y sólo el 17 % en 1989, lo que indica que la desnacionalización se produjo esencialmente a partir de 1990.

El gobierno de Patricio Aylwin  promulgó la Ley Nº 18.985, que incentivó la inversión extranjera en Chile. Al mismo tiempo que aumentaba “transitoriamente” el IVA, de 16 a 18%,  prácticamente suprimía la tributación de las mineras extranjeras, al pasar de renta presunta a “renta efectiva”. Con este privilegio, prácticamente inexistente en el resto del mundo y que la dictadura no concedió, las transnacionales mineras ingresaron capitales y aumentaron la producción muy por encima de la demanda mundial de cobre generando sobreproducción. Esto determinó el colapso del precio del cobre que cayó de 1,5 dólares la libra en 1989, a sólo 0,6 dólares en 1999, lo que provocó un daño enorme e irreparable a la economía nacional.

Sólo después del año 2005 la sobreproducción desapareció y el precio del cobre aumentó  gracias a que el crecimiento de la producción chilena bajó considerablemente, por efecto del Tratado Minero con Argentina, y sobretodo porque dicho tratado no pudo funcionar por disposición del Tribunal Constitucional.

Cuando el precio del cobre era bajo, la diferencia entre los aportes de las mineras privadas y la estatal no era muy evidente, puesto que los aportes de Codelco eran poco significativos y los aportes de las mineras extranjeras eran casi inexistentes. Comparar lo poco con la nada no resultaba ilustrativo, pero ahora, con el elevado precio del cobre, las diferencias entre los aportes de Codelco y la minería extranjera son abismales.

En el 2006 los aportes de Codelco alcanzaron a los 9.215 millones de dólares, mientras que las mineras extranjeras durante ese mismo año, pagaron solamente alrededor de 3 mil millones de dólares, sumando el impuesto a la renta y el llamado “royalty 2” que en verdad no es un royalty sino un impuesto. Es decir, las empresas transnacionales, pese a que producen el doble que Codelco aportan al erario nacional tres veces menos que la empresa estatal. Matemáticamente, esto quiere decir que por tonelada producida, CODELCO aporta al Estado 6 veces más que las mineras extranjeras. Dicho de otro modo, si CODELCO explotara también los yacimientos mineros que hoy poseen las mineras extranjeras, el Estado devengaría 19 mil millones de dólares, en lugar de 3 mil millones que dichas mineras tributan en la actualidad. Esta diferencia de 16 mil millones, es lo que los chilenos perdemos por no tener nacionalizados esos yacimientos que hoy explotan empresas extranjeras. Es decir, son las transnacionales mineras, las que año a año, se llevan 16 mil millones de dólares que pertenecerían a todos los chilenos, razón más que suficiente para nacionalizarlas..
Una segunda razón para renacionalizar nuestro cobre, también es de carácter económico, y está dado por la fabulosa dimensión de esta riqueza, puesto que Chile posee cerca del 50 % de las reservas mundiales de este metal, que tiene un valor estratégico y económico de extrema importancia para la humanidad, que solo es superado por el petróleo. El valor presente de estas reservas de cobre supera ampliamente la colosal cifra de 3 billones de dólares, es decir más de 3 millones de millones de dólares. No es admisible que una tal extraordinaria riqueza quede en manos de empresas extranjeras que poco o nada aportan al país. Recordemos al respecto, que La Disputada de Las Condes, desde 1979 hasta el 2005, (denominada hoy Minera Sur Andes), no pagó un solo peso de impuesto a la renta. Es el ejemplo más evidente que nada justificaba ni justifica la inversión extranjera en nuestra minería.

Una tercera razón para nacionalizar la gran minería, está dado por la experiencia y los conocimientos que han alcanzado en esta industria nuestros trabajadores y nuestros profesionales, lo que significa que los chilenos no necesitamos trabajadores ni técnicos extranjeros, ni tampoco necesitamos otros profesionales extranjeros para explotar nuestras riquezas mineras. Somos absolutamente autosuficientes para ello.

Finalmente, no existe además ningún impedimento de orden legal, constitucional, ni internacional, que nos impida nacionalizar nuestras riquezas básicas.

En septiembre de 1983, Radomiro Tomic, en repudio a la actual ley minera, publicó un inserto en El Mercurio, donde aseguraba: “Más temprano que tarde el cobre volverá a ser chileno”.  Diez años antes, nuestro Presidente mártir, al despedirse de su pueblo, sentenciaba que “…mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas…” Ese momento ha llegado y es nuestro partido, el Socialista, el que debe liderar nuevamente esta justa batalla, incorporando en su programa del presente y no del mañana, la nacionalización de la gran minería, que debe ser también parte del programa de gobierno de la Concertación, porque recuperar el cobre para Chile es también el legado de un gran demócrata cristiano, Radomiro Tomic.

PONENCIA PRESENTADA AL XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Autor responsable: Julián Alcayaga Olivares, Economista, militante del comunal Illapel, dirección San Martín 473 of.113, Santiago, fono 6880823, fax 6720961,e-correo:alcayagajulian@gmail.com
Los siguientes militantes del Partido Socialista, son coautores y/o apoyan esta moción:
Francisco Bucat Oviedo, Subsecretario General del PS
Carmen Lazo, miembro de la Comisión Política, comunal Santiago
Edgardo Condeza Vaccaro, médico, miembro Comité Central, comunal Concepción
Arturo Barrios Arriagada, abogado, miembro del Comité Central, comunal La Granja
Luis Casado, ingeniero, miembro del Comité Central, comunal Paris
Cecilia Suarez, Subsecretaria Nacional de medio Ambiente P.S.
Carlos Moya Ureta, académico Universidad de Los Lagos
Esteban Silva Cuadra, Presidente Regional América
Hector Vega, Economista, comunal Providencia
Sergio Navarrete Barrueto. Ingeniero Civil, comunal Las Condes
Milton Cortés Leyton, contador auditor, comunal Las Condes
Claudio Pérez, Ingeniero Comercial, comunal Santiago
Osvaldo Casanga, Profesor, comunal San Miguel
Fernando Joignant Muñoz, Secretario Ed. Política, Regional Metropolitano, comunal San Miguel
Guillermo Fu Alvarez. Ingeniero Agrónomo, comunal La Cisterna
Sergio Monsalve Vergara, abogado, comunal Curicó
Jaime Rivas Vasquez, mecánico, comunal Maipú
Juan Cisternas, jubilado, comunal Maipú
Sergio Aguilera Campos, empleado gráfico, comunal Maipú
Vicky Osorio Jara, funcionaria, comunal Maipú
Alberto Maceratta García, jubilado comunal Maipú
Santiago Argote. Dirigente CUT, comunal Maipú
Sandino Saenz, panificador, comunal Maipú
Enrique Rubilar Figueroa, comunal Maipú
Miguel Morales Lobos, jubilado, comunal Santiago Centro
Celsa Parrau, enfermera, comunal Santiago Centro
Diego Reyes Ojeda, electricista, comunal Santiago Centro
Héctor Barreto Ovalle, empleado, comunal Santiago Centro
Carolina Barreto Castro, dueña de casa, comunal Santiago Centro
Azarías Herrera Ferrada, jubilado, comunal Santiago Centro
Joel Asenjo Ramírez, contador, comunal Valdivia
Luis Díaz  Bórquez, profesor, comunal Valdivia
Luis Caroca Vásquez, Presidente comunal Iquique
Manuel Cortés Leyton. Comerciante, Santiago Centro
Bernardo Cortés Reyes, traductor, Santiago Centro
Jorge Roa López, jubilado, comunal Santiago Centro
Daniel Muñoz, comunal Santiago Centro
Julio Stuardo González, abogado, Santiago Centro
María Inés Valencia, comunal Santiago Centro
Orlando Zepeda Netle, periodista, comunal Santiago Centro
Sergio Calderón Lizama, empleado, comunal Illapel
Juan Marambio Pinochet, poeta, comunal Illapel
Laura Astudillo Rojas, Concejala, comunal Illapel
Jaime Astudillo Rojas, profesor, comunal Illapel
Elsa Rojas, pensionada, comunal Illapel
Victoria Barrera Flores, profesora, comunal Illapel
Juana F. Barrera Flores, dueña de casa, comunal Illapel
Martín E, Barrera Flores, obrero, comunal Illapel
Paola Hernández Astudillo, kinesióla, comunal Illapel
Luis Hernández Astudillo, ingeniero en telecomunicaciones, comunal Illapel
Julio Astorga Plaza, obrero, comunal Illapel
Gilberto Astorga Plaza, obrero, comunal Illapel
Marcia Maluenda Piñones, contadora auditora, comunal Illapel
Ulises Flores Vega, empleado. Comunal Illapel
Solier Rojas Campos, comunal Salamanca
Pedro campos López, comunal Salamanca
José Muñoz Arancibia, comunal Salamanca
Boris Salazar Urrutia, profesor, comunal La Florida
Manuel A. Ruiz Saez, profesor, comunal
Carlos Silva Riffo, contador, comunal Angol
Jorge Charlet Jara, ingeniero, comunal Temuco
Esteban Cortés Reyes, ingeniero, comunal Temuco
Maglio Cicardini  Neyra,   Presidente  Regional  III   Región   de  Atacama
Ibar  Espinoza  Saavedra, Secretario Político Regional, III Región
Ema  Albanez  Aróstica, Presidenta  Comunal  Copiapó
Giuliano  López   Rojas,  Comunal   Copiapó
Gudelio  Ramirez   Ibarbe,  Comunal   Alto  del  Carmen
Oriel  Campillay   Cortes,  Secretario  Político,  Comunal   Alto  del Carmen
Luis  Orrego  Salinas, Dirección  Regional   Atacama
Dellis Cortes  Peña,  Comunal   Alto  del  Carmen
Pedro Lagos  Carrasco, Comunal  Vallenar
Benigno Campillay   C.,  Comunal   Alto  del  Carmen

Paola   Baez   Rios,  Comunal   Tierra  Amarilla

Selma   Santibañez, Comunal    Alto  del  Carmen
Galvarino  Alcota, Comunal   Alto  del   Carmen
Flor  Espinoza  Iriarte, Comunal   Copiapó
Robinson  Ramirez  Ibarbe, Comunal   Alto  del   Carmen
Fernando   Martinez,  Comunal   Alto  del   Carmen
Robinson  Morales Valera,  Presidente  Comunal  Vallenar
Cristian  Tapia  Nuñez, Comunal    Vallenar
Nelson  Campillay  C., Presidente  Comunal  Alto  del  Carmen

Gilberto  Farias  Farias, Secretario  Político   Comunal   Copiapó