La querella interna democratacristiana dio como resultado que el líder colorín Adolfo Zaldívar ocupe la presidencia del Senado y tuvo a los socialistas engarzados con los DC en una disputa por desconocer el acuerdo con la derecha para la testera de la Cámara Baja, y que instaló allí por un año al PS Juan Bustos. Ciertos diputados no sólo están picados con los Larraines por la acusación constitucional en contra de la ministra Provoste. Mirando a mediano plazo, sienten que no deben enemistarse con antiguos compañeros de ruta ni entregárselos a la Alianza, en cuyas listas tienen más probabilidades de ganar en las próximas elecciones que corriendo por fuera.
En fin, la larga comparecencia del Contralor General de la República ante los diputados copó la atención por su informe sobre desorden administrativo en la Seremi metropolitana de Educación. En la víspera, la expectación se centró en la tómbola parlamentaria, que arrojó los nombres de cinco honorables concertacionistas para informar a la sala si procede o no la acusación constitucional contra la ministra del ramo. Demás está decir que no será el azar lo que decidirá la suerte de Provoste sino la mayoría que se forme a favor o en contra, después que los políticos –y no sólo los que sientan en el hemiciclo- ponderen todos los elementos en juego, y no únicamente si la autoridad ministerial faltó a sus deberes.
Porque ningún solemne o encendido discurso podrá hacer creer que todo se reduce a que el oficialismo no ampare la corrupción y que los fiscalizadores la persigan sin tregua. No hay que perder de vista en medio del enrarecido ambiente, por ejemplo, que el voto decisivo de un diputado atacameño está condicionado por su interés de convertirse en senador y sacar del camino a una eventual competidora, la que quedaría impedida de ejercer cargo público alguno durante cinco años.
A motivos de ese tipo se refieren altos personeros gobiernistas cuando hablan de maniobras electorales. Pero nada puede hacer perder de vista que hubo desorden administrativo, como precisó el Contralor Ramiro Mendoza en la Cámara, y que restablecido el orden hay que detectar irregularidades que pudieran ser constitutivas de ilícitos de otras características, porque ya el desorden es una irregularidad.
Es la actitud cauta y razonable que debieran seguir todos los que tienen que ver o se interesen por el asunto. Porque no sólo las acusaciones, también las presunciones y descargos deben fundarse en hechos y conductas y no sólo en el amor propio por el esfuerzo sin frutos o en la pasión por vencer al adversario. Todas las irregularidades hacen más imperiosa la modernización del Estado y ahí el Congreso tiene el mismo rol colegislativo que exhibieron con orgullo algunos senadores de oposición en La Moneda, al promulgarse la Reforma Previsional.
(Comentario transmitido por radio Universidad de Chile 102.5 FM).