En todo caso y para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente, lo deseable sería terminar en un plazo prudente de tiempo con esta exención del IVA para todas las viviendas, sin importar sus precios y estableciendo bonificaciones diferenciadas exclusivamente para los compradores de unidades de hasta UF 4.000. Pero para que haya justicia social y redistribución de verdad esta ayuda a la demanda debiera ser solo para aquellos que no sean rentistas, es decir, quienes tendrían derecho a recibir por una sola vez ese beneficio serían aquellos que vivan en su propias casas.
Hoy en día el 1% de la población, a través de sociedades de inversión o de otro tipo, dispone de decenas y en algunos casos de centenas de viviendas de lujo que no pagan IVA, lo cual es vergonzoso y si alguien pone en duda este aserto, que vaya al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que revise las cifras.
Si el gobierno pone en práctica nuestra propuesta, se le simplificaría enormemente la labor de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se terminaría con el comercio irregular de facturas emitidas por quienes venden insumos de construcción para que otros aprovechen el descuento del IVA, fraude muy conocido y tolerado porque es difícil su control. Sostenemos que las franquicias deben focalizarse para ayudar a los más pobres y vulnerables y en ningún caso para seguir enriqueciendo a quienes lucran desmedidamente con el negocio inmobiliario.
También sería deseable terminar con la figura de las “viviendas económicas” DFL2 porque con ellas se distorsiona la correcta asignación de recursos en una economía de libre mercado como la nuestra. Bajo su amparo se han cometido infinidad de trampas, conocidas por las direcciones de obras municipales, por el ministerio de Vivienda y Urbanismo y por las propias organizaciones mercantiles de la construcción, las que han generado millonarias evasiones tributarias que bien conoce el SII, institución que malgasta valiosos recursos humanos en la ingrata tarea de verificar las ampliaciones ilegales de este tipo de viviendas. Y aunque el lector no lo crea, en muchos casos cuando ese servicio detecta los ardides y por lo tanto decide eliminar las franquicias de esos DFL2, los seremis sectoriales avalan a los infractores estableciéndose la impunidad más absoluta.
En síntesis, con lo que se ha hecho ahora se ha dado un paso, aunque tímido, pero a pesar de ello lo valoramos en su justa dimensión.
Patricio Herman P.
Fundación “Defendamos la Ciudad”