“No recibí ni ejecute ninguna orden ilegal”, declaró con desparpajo a la prensa nacional e internacional el ex general de Ejército Gonzalo Andrés del Corazón de María Santelices. Con estas palabras el otrora soldado le puso “broche de oro” a su participación en el exterminio de 14 prisioneros políticos. Sus declaraciones tratando de justificar – en nombre de la Ley- el cumplimento de la fatídica misión, han generado debate sobre temas y conceptos como la “obediencia debida”, “cumplimiento de la ley”, “legalidad vigente”, justicia en la medida de lo posible, entre otros. ¿De qué legalidad habla el renunciado general? Se pregunta, en carta pública, Héctor Vera, periodista, ex preso político.
“Santelices cometió un acto de secuestro porque las 14 personas que fueron asesinadas estaban cumpliendo condena tras sentencia dictada por el General Joaquín Lagos Osorio, en su calidad de jefe del Consejo de Guerra”.
Vera permanecía detenido en la Cárcel de Antofagasta y compartió cautiverio con “los 14” hasta momentos antes que Santelices ejecutara la operación.
Carta Pública del periodista Héctor Vera
NUNCA MÁS A LA JUSTIFICACION DE LA CRUELDAD EN CHILE.
La controversia suscitada por la renuncia al Ejército del General Santelices, involucrado en el asesinato de 14 presos políticos en el llamado caso “ Caravana de la Muerte ” en Antofagasta, plantea desafíos pendientes para la sociedad chilena.
Si se tratara, como dice el argumento del general renunciado, de una necesaria obediencia a las órdenes superiores, los responsables son los altos oficiales y el problema estaría terminado. Sin embargo, es imprescindible que los chilenos recordemos que tal lógica, que se llamó en Argentina y en Uruguay de la “obediencia debida” no se aplicó en Chile. Y precisamente esto no ocurrió porque la cobardía de los altos oficiales, encabezado por Pinochet, les llevó a eludir sus responsabilidades y a traspasarlas a sus subalternos o a todos los que fueran sorprendidos en los delitos directos. Los acuerdos implícitos y explícitos de la Concertación con el Dictador ratificaron este criterio. Es lo que Aylwin llamó : “justicia en la medida de lo posible”.
Por eso, en vez de juzgar a los altos responsables políticos y militares de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones, los defensores de las víctimas no tuvieron otro camino que el de buscar e identificar a los autores directos que hubiesen dejado alguna huella de sus fechorías para llevarlos a los lentos, y cambiantes, tribunales de justicia. Y esas son las reglas del juego social vigentes en el Chile actual.
El señor Santelices declara públicamente que su acto de sacar a los prisioneros de guerra y llevarlos en camiones para ser masacrados, es legal y lo exime de culpa. Esto no es efectivo. El General Joaquín Lagos Osorio, como jefe del Consejo de Guerra, había dictado sentencia y las 14 personas que fueron asesinadas, estaban cumpliendo sus condenas. Sacarlos del recinto carcelario fue un acto de secuestro.
¿ De qué legalidad habla el renunciado general? ¿ De la suplantación de autoridad del general Arellano .? ¿ De la legalidad que sostenía que nunca hubo estado de guerra y no se le reconocía a los perseguidos políticos su calidad de prisioneros de guerra? ¿ O habla de la legalidad del golpe de Estado ?
Los chilenos necesitamos clarificar este marco jurídico confuso. Y necesitamos que los legisladores analicen con serenidad esta situación y legislen para asegurar que nunca más tendremos a militares que justifiquen los actos de crueldad contra su propia población. La Presidenta Michelle Bachelet ha actuado correctamente al hacer prevalecer el criterio que ningún oficial implicado en actos repudiables pueda ejercer cargos de alta responsabilidad en democracia.
No hay ánimo de venganza de parte de las víctimas cuando se pide juzgar a los autores o cómplices de acciones repudiables. Lo habría si, en vez de recurrir a los tribunales, se recurriera a la acción de las armas. Hay un deber, para toda la población, de desplegar la verdad y de fundar las relaciones que deben guiar nuestra convivencia actual y futura.
No es sano para la vida del país que existan instituciones armadas que no han resuelto algo elemental: si creen que lo hicieron bien el año 1973 y durante la dictadura, porqué ocultan sus acciones, porqué no entregan la información necesaria. O, al contrario, reconozcan que lo hicieron mal y entonces, tendrían que individualizar a los que hicieron crueldades y esperar el castigo debido.
¿ Es normal que un Ejército de un país democrático oculte el manejo turbio de fondos de la defensa nacional en beneficio de la familia del que fue Comandante en Jefe (Pinochet)? Una investigación en los Estados Unidos nos permitió conocer parte de esta realidad y aún hay cero colaboración del Ejército. No la hay ni para localizar a los detenidos-desaparecidos ni para clarificar el manejo del dinero en el período dictatorial. ¿Y debiéramos, con estas consideraciones, tener confianza en instituciones que aún no resuelven aspectos tan sustantivos?
Yo deseo, un país reconciliado, lo que implica una sociedad sana, con confianza en el otro, capaz de mirar de frente sus problemas y con la lucidez suficiente para preparar una buena convivencia sin los traumas y sin las lógicas que impusieron la violencia sistemática que nos sacudieron en el pasado dictatorial.
Héctor A. Vera. Periodista, Dr. en Comunicación Social. Ex prisionero de guerra en Antofagasta.
Vera permanecía detenido en la Cárcel de Antofagasta y compartió cautiverio con “los 14” hasta momentos antes que Santelices ejecutara la operación.
Carta Pública del periodista Héctor Vera
NUNCA MÁS A LA JUSTIFICACION DE LA CRUELDAD EN CHILE.
La controversia suscitada por la renuncia al Ejército del General Santelices, involucrado en el asesinato de 14 presos políticos en el llamado caso “ Caravana de la Muerte ” en Antofagasta, plantea desafíos pendientes para la sociedad chilena.
Si se tratara, como dice el argumento del general renunciado, de una necesaria obediencia a las órdenes superiores, los responsables son los altos oficiales y el problema estaría terminado. Sin embargo, es imprescindible que los chilenos recordemos que tal lógica, que se llamó en Argentina y en Uruguay de la “obediencia debida” no se aplicó en Chile. Y precisamente esto no ocurrió porque la cobardía de los altos oficiales, encabezado por Pinochet, les llevó a eludir sus responsabilidades y a traspasarlas a sus subalternos o a todos los que fueran sorprendidos en los delitos directos. Los acuerdos implícitos y explícitos de la Concertación con el Dictador ratificaron este criterio. Es lo que Aylwin llamó : “justicia en la medida de lo posible”.
Por eso, en vez de juzgar a los altos responsables políticos y militares de las torturas, de los asesinatos, de las desapariciones, los defensores de las víctimas no tuvieron otro camino que el de buscar e identificar a los autores directos que hubiesen dejado alguna huella de sus fechorías para llevarlos a los lentos, y cambiantes, tribunales de justicia. Y esas son las reglas del juego social vigentes en el Chile actual.
El señor Santelices declara públicamente que su acto de sacar a los prisioneros de guerra y llevarlos en camiones para ser masacrados, es legal y lo exime de culpa. Esto no es efectivo. El General Joaquín Lagos Osorio, como jefe del Consejo de Guerra, había dictado sentencia y las 14 personas que fueron asesinadas, estaban cumpliendo sus condenas. Sacarlos del recinto carcelario fue un acto de secuestro.
¿ De qué legalidad habla el renunciado general? ¿ De la suplantación de autoridad del general Arellano .? ¿ De la legalidad que sostenía que nunca hubo estado de guerra y no se le reconocía a los perseguidos políticos su calidad de prisioneros de guerra? ¿ O habla de la legalidad del golpe de Estado ?
Los chilenos necesitamos clarificar este marco jurídico confuso. Y necesitamos que los legisladores analicen con serenidad esta situación y legislen para asegurar que nunca más tendremos a militares que justifiquen los actos de crueldad contra su propia población. La Presidenta Michelle Bachelet ha actuado correctamente al hacer prevalecer el criterio que ningún oficial implicado en actos repudiables pueda ejercer cargos de alta responsabilidad en democracia.
No hay ánimo de venganza de parte de las víctimas cuando se pide juzgar a los autores o cómplices de acciones repudiables. Lo habría si, en vez de recurrir a los tribunales, se recurriera a la acción de las armas. Hay un deber, para toda la población, de desplegar la verdad y de fundar las relaciones que deben guiar nuestra convivencia actual y futura.
No es sano para la vida del país que existan instituciones armadas que no han resuelto algo elemental: si creen que lo hicieron bien el año 1973 y durante la dictadura, porqué ocultan sus acciones, porqué no entregan la información necesaria. O, al contrario, reconozcan que lo hicieron mal y entonces, tendrían que individualizar a los que hicieron crueldades y esperar el castigo debido.
¿ Es normal que un Ejército de un país democrático oculte el manejo turbio de fondos de la defensa nacional en beneficio de la familia del que fue Comandante en Jefe (Pinochet)? Una investigación en los Estados Unidos nos permitió conocer parte de esta realidad y aún hay cero colaboración del Ejército. No la hay ni para localizar a los detenidos-desaparecidos ni para clarificar el manejo del dinero en el período dictatorial. ¿Y debiéramos, con estas consideraciones, tener confianza en instituciones que aún no resuelven aspectos tan sustantivos?
Yo deseo, un país reconciliado, lo que implica una sociedad sana, con confianza en el otro, capaz de mirar de frente sus problemas y con la lucidez suficiente para preparar una buena convivencia sin los traumas y sin las lógicas que impusieron la violencia sistemática que nos sacudieron en el pasado dictatorial.
Héctor A. Vera. Periodista, Dr. en Comunicación Social. Ex prisionero de guerra en Antofagasta.