Ante la pregunta de qué implica el hecho de que hayan sido jóvenes, Viera Gallo dijo que “por lo menos se puede concluir de ahí que ellos no tenían la responsabilidad máxima de lo ocurrido en esa época”.
“Ellos venían saliendo de sus escuelas matrices. Con esto no quiero justificar nada, exculpar a nadie, pero hay que poner las cosas como fueron”, añadió.
Las declaraciones de Viera-Gallo provocaron la respuesta del ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, quien aclaró que sólo él puede hablar en nombre de La Moneda.
“Cuando yo hablo como vocero de Gobierno, está hablando el Gobierno y con respecto a Santelices es lo que dije, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero si a usted le interesa saber la opinión del Gobierno, es la que di ayer”, recalcó Vidal.
Consultado respecto a si la posición de Viera-Gallo no es entonces la del gobierno, respondió con un categórico “no”.
Al participar en una actividad junto a la Presidenta Michelle Bachelet, Vidal intentó bajar la polémica al decir que ya conversó con su colega de gabinete y que “en 10 minutos nos ordenamos”.
“Hablé con el ministro Viera-Gallo, él tiene una opinión absolutamente legítima, pero la opinión del gobierno, de la Presidenta, es la que yo he dicho sobre esta materia, punto”, enfatizó.
Ayer Vidal, como ministro de Defensa (s) y vocero de Gobierno, expresó al comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta, su preocupación por el tema.
Trascendió que en la conversación Vidal le precisó a Izurieta que no era “presentable” que Santelices siga activo cuando ha reconocido su participación en este tipo de hechos.
INCULPADO
La jueza subrogante Adriana Soto resolvió citar a declarar en calidad de inculpado al jefe de la guarnición militar de Santiago, Gonzalo Santelices, por la acusación de homicidio calificado en su contra por el caso Caravana de la Muerte.
El general, según su declaración anterior en calidad de testigo, participó directamente en el asesinato de 14 presos el 19 de octubre de 1973 a las afueras de Antofagasta.
La realización de la diligencia en calidad de inculpado era una de las solicitudes planteadas por el abogado querellante Hugo Gutiérrez.
En el caso Paine, los generales Guillermo Castro Muñoz, jefe de la segunda división del Ejército, y Eduardo Aldunate, jefe de los institutos militares, prestaron declaraciones este jueves por su supuesta participación en la ejecución y desaparición de 22 campesinos, durante el régimen militar.
Los altos oficiales, que fueron interrogados por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, son mencionados como los subtenientes que estuvieron en el regimiento de infantería de San Bernardo y tomaron la decisión de llevar a los campesinos a las ejecuciones en el sector del Lago Rapel.
Se estima que la próxima semana el juez Solís tome declaraciones a los generales Cristián Le Dantec y Julio Baeza.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, indicó que el máximo tribunal no va a permitir presiones de ningún tipo, hacia los ministros que llevan las causas.
“Tengan la seguridad de que los tribunales no se sienten, ni se sentirán nunca presionados por este tipo de situaciones, esa es la política nuestra, no conozco que hayan habido presiones en ese sentido, pero evidentemente nosotros somos bastante reactivos frente a cualquier tipo de presión que pudiera hacerse con cualquiera de los jueces de nuestro país”, precisó Juica.
DECISIÓN DEL EJÉRCITO
El gobierno dejó en manos del comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, la situación del general y comandante de la guarnición de la Región Metropolitana, Gonzalo Santelices, acusado de supuestoas abusos de derechos humanos.
El ministro (S) de Defensa, Francisco Vidal, informó que “a través de sus conductos regulares, el Gobierno ha conversado con el comandante en jefe, general Izurieta, que es lo que corresponde hacer, y hasta ahí llegamos. Hemos cumplido con comunicar la opinión del Gobierno, pero la decisión la va a tomar el general Izurieta”.
Fuentes oficiales coincidieron en que la baja del Ejército del general Santelices “es muy probable”, aunque teniendo en cuenta de que ambos generales se encuentran de vacaciones no se sabe cuándo ocurriría.
Trascendió esta semana que el general Izurieta habría conversado con Santelices, manifestándole que lo mejor sería que él mismo presentara su renuncia a la institución.
El abogado querellante Hugo Gutiérrez solicitó el martes al juez titular de la causa Montiglio, que interrogue a Santelices en calidad de inculpado y después lo procese como coautor del crimen de catorce prisioneros en Antofagasta, asesinados por la Caravana de la Muerte y oficiales de la Escuela de Blindados de esa ciudad (a la que pertenecía Santelices) la noche del 18 y madrugada del 19 de octubre de 1973 en el desierto.
El proceso Caravana quedará durante el mes de febrero en las manos del juez Carlos Gajardo.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Gutiérrez se reunieron con el ministro Vidal, pidiéndole que el Gobierno ordene a Izurieta que saque “de inmediato” de las filas del Ejército a Santelices.
Lo mismo demandaron el martes pasado al ministro Vidal y al comandante en jefe (S) del Ejército, general Tulio Hermosilla, los diputados Tucapel Jiménez (independiente PPD) y Denise Pascal (PS).
El propio oficial reconoció en una declaración judicial que esa noche sacó a los catorce prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, los condujo en dos camiones a la pampa, y los formó delante de los camiones con las luces encendidas para que la gente del general Arellano Stark y oficiales de Antofagasta los mataran.
Los cuerpos quedaron destrozados por las balas y cortes con corvos, como el mismo general Joaquín Lagos, entonces comandante de la división de Antofagasta, lo dijo en el proceso al entonces juez Juan Guzmán.
Luego, Santelices y sus subalternos recogieron los cadáveres y los llevaron a la morgue en los mismos camiones.