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Agosto 18, 2026

Embajador Maira: Son siete los investigados por presunto fraude

El embajador de Chile en Argentina, Luis Maira, precisó en siete las personas que están siendo investigadas por la Justicia argentina por la importación irregular de vehículos para diplomáticos extranjeros por sobre los montos permitidos. El diplomático indicó que la información la obtuvo a través de una conversación con una periodista argentina, ya que no ha recibido ninguna notificación oficial. “Ella tenía la copia completa de una comunicación entre el juez (Norberto) Oyarbide y la Cancillería argentina, lo tenía en su integridad y ahí figura el detalle y yo pude conocerlo porque ella me lo leyó”, afirmó Maira.

El viernes Maira afirmó: “No hay un sólo funcionario diplomático, no hay un sólo agregado designado por la Presidenta de la República que tenga la menor posibilidad de ser involucrado en alguna denuncia, demanda o irregularidad, yo estoy enteramente seguro y pongo las manos al fuego”, enfatizó desde Buenos Aires.
 
De los siete casos, dos se relacionan con la compra de una camioneta Hammer y un auto Porsche año 2001, que no se ajustan a los sueldos de dichos funcionarios, a diferencia de los otros cinco casos.

Luis Maira reiteró que su nombre esté dentro de la lista de los investigados por la Justicia argentina. “Mi nombre figura como jefe de misión, en tres años no he hecho nunca una solicitud de franquicia, no tengo auto particular y no tengo condición material para haber hecho yo una importación, pero soy el jefe de la misión y todo lo que pase acá, por cierto, lo procesan y plantean a través mío”, afirmó.

Aseguró además que todos los vehículos que han entrado lo han hecho por vía legal, pero que la irregularidad puede estar en su facturación o en el tiempo de espera para su comercialización.

El vocero de La Moneda, Francisco Vidal, dijo que “eventualmente” otros funcionarios podrían estar involucrados en la venta irregular de vehículos en Argentina.

El gobierno reaccionó luego de la denuncia que interpusiera la cancillería de ese país para investigar a diplomáticos de 40 países, entre ellos el representante de Chile en Argentina, Luis Maira, y que habrían importado vehículos de lujo libres de impuestos para luego venderlos a precio de mercado.

“Esto está en manos de Cancillería y yo lo voy a dejar ahí. Ahora, al interiorizarme del tema, yo sería partidario de no avanzar opiniones, porque se dice el embajador Maira, en tanto representante chileno, pero eventualmente podrían ser funcionarios de la embajada que es distinto, pero para no especular en temas delicados, Cancillería”, subrtayó Vidal.

Vidal comentó que en este caso “debiera haber una investigación interna”.

El embajador chileno en Buenos Aires, Luis Maira (PS), es uno de los catorce representantes diplomáticos que están en la mira de la Justicia argentina en una investigación por presunto fraude con la comercialización de automóviles ingresados en el país para uso diplomático.

INVESTIGACIÓN EN ARGENTINA

El juez Norberto Oyarbide requirió informes a la Cancillería argentina y en ellos figuran, además, los embajadores de Perú, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Nigeria, Pakistán, Armenia, Marruecos, Bielorrusia y Rusia, de acuerdo con el dictámen del magistrado cuyo contenido fue difundido por medios de prensa locales.

El juez Norberto Oyarbide solicitó a la Cancillería corroborar las identidades y la condición laboral actual de estos diplomáticos involucrados en un presunto fraude en el uso de franquicias para ingresar vehículos al país libres de impuestos.

En la nómina judicial figuran con rango de embajador Martín Belaúnde Moreyra (Perú), Luis Maira (Chile), Arturo Liebers Valdivieso (Bolivia), Aramis Fuente Hernández (Cuba), José Rafael Serrano (Ecuador), Francisco Bustillo Bonasso y Alberto Volonté Berro (Uruguay), Anthony Sekudo (Nigeria), Mohammed Nisar y Ishtiaq Andraht (Pakistán), Ara Aivazian (Armenia), Larbi Reffouh (Marruecos), Vadin Lazerco (Bielorrusia) y Yury Korchagi (Rusia).

La lista también incluye otros nombres, entre ellos los cónsules Jaime Alejandro Castañeda, de Bolivia, y María Elvira Musetti, de Uruguay.

El fiscal del caso, Luis Comparatore, solicitó al juez que pidiera a la Cancillería datos de estos diplomáticos, como también que librara una orden de incautación sobre los automóviles bajo sospecha, petición a la que el magistrado no dio lugar de momento.

Oyarbide solicitó además al Registro Nacional Automotor que informe las identidades de los actuales propietarios de los 98 vehículos investigados y de apoderados locales que pudieron tramitar la nacionalización de los mismos entre 2004 y 2007.

El caso fue iniciado por una investigación interna dispuesta por el propio canciller argentino, Jorge Taiana, que descubrió irregularidades en el Departamento de Franquicias del Ministerio de Relaciones Exteriores y las denunció ante la Justicia el lunes pasado.

El martes, la Aduana también denunció ante otro magistrado presuntos casos de contrabando y violación de normas sobre comercio de automóviles que involucran a unos 40 diplomáticos extranjeros.

Los diplomáticos deberán gestionar una autorización especial para poder sacar sus vehículos del país, dispuso además la Aduana con el aval del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

Al cabo de una auditoría, la Cancillería descubrió los presuntos ilícitos cometidos por un funcionario de la oficina encargada de las franquicias para la importación de automóviles destinados a diplomáticos.

En tanto, la Aduana presentó su denuncia para deslindar su responsabilidad en el ingreso libre de impuestos de los vehículos para diplomáticos, que es autorizado por la Cancillería como disponen normas internacionales en esa materia.

El precio de los automóviles ingresados bajo ese régimen resulta un 58 por ciento más barato debido a la exención de impuestos.

Las leyes argentinas, que castigan el contrabando con penas de dos a ocho años de prisión, establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.

También disponen que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60.000 dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático.

Las investigaciones involucran vehículos lujosos cuyo valor supera el tope fijado y que fueron vendidos antes de que se cumplieran los plazos legales, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.

La maniobra -facilitada por funcionarios de la Cancillería- consistía en habilitar el ingreso de coches por el sistema diplomático, libre de impuestos, con un 50% menos que su valor de mercado, para luego nacionalizarlos y venderlos a ciudadanos comunes.

De la auditoría se desprende además, que el 18 por ciento de casi cien vehículos ni siquiera inició el trámite para obtener la chapa diplomática, por lo que se sospecha que fue directamente a una agencia de autos.

La Convención de Viena establece que “el régimen especial (de importación de autos) se concede, no en beneficio de la persona, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas”. En la lista figuran también Kuwait, Arabia Saudita, Túnez, Angola, Congo, Marruecos, Nigeria, India, Taiwán y Corea del Sur, entre otros.