El ente colegiado ha sido presidido tradicionalmente por el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, cargo actualmente detentado por Mónica Bazán.
El fallo favoreció a David Rojas, quien ejerció como mayordomo del inmueble desde marzo de 1987; Luis Rojas, nochero desde enero de 1990; Raúl Toledo, encargado del aseo a partir de julio de 1999, y Marco Rivera, auxiliar, el cual ingresó al servicio en junio de 2002. Sus salarios alcanzaban desde los 128 mil a los 160 mil pesos mensuales. Todos ellos fueron cesados de sus labores sin señalar causal de despido, aduciendo que terminaba un supuesto contrato de prestación de servicios.
La sentencia consiste en el pago de 12.583.992 de pesos en indemnizaciones por años de servicio y compensaciones por feriados anuales, más las cotizaciones previsionales de todo el tiempo trabajado, las que según la ANEF superan los 100 millones de pesos.
El texto del fallo de la jueza Nancy Bluck abunda en detalles sobre los extraños manejos del Consejo de Administración, y en particular de la seremi de Bienes Nacionales, en este caso. “Pocas veces esta sentenciadora había observado una situación de tanta arbitrariedad, con el agravante de que ha sido cometida por organismos de la administración del Estado, los que por largos años han contribuido a que se burlen los legítimos derechos de cuatro trabajadores”, dice textualmente.
El documento alude a que los servicios públicos comprometidos en la situación faltaron a las garantías constitucionales: “Estos principios básicos no han sido respetados por la demandada, la que aprovechó los servicios prestados por los actores, los dejó al margen de la protección legal que les correspondía, reconoció dicha situación extrajudicialmente, acordó pagar sus cotizaciones previsionales y estudiar las cláusulas que debían contenerse en sus contratos de trabajo, acordó respetar las fechas de ingreso, para luego despedirlos sin indemnización alguna al determinarse que sus contrataciones estaban al margen de las normas que rigen a la administración del Estado, pretendiendo que este ‘error’ no sea asumido por quien lo cometió, sino que sólo perjudique a los propios trabajadores”, afirma.
El presidente regional de la ANEF, Patricio Gómez, planteó que hay una segunda demanda en curso en contra de la antecesora de Bazán, la ex seremi Daniela Donoso. Dijo que “desde 1991 se conversaba en la ANEF con seremis e intendentes para regularizar a estas personas, pero nunca hubo voluntad”, y añadió que “la Inspección del Trabajo le cursó multa en 2005 a Bienes Nacionales, y no ha sido pagada”.
“No puede ser que las autoridades están cometiendo las principales faltas. No es posible que el Estado esté infringiendo las leyes que tanto ha costado sacar”, precisó el dirigente.