Sin embargo, lejos de horrorizarse, la Cámara aprobó la barbarie, con sólo cuatro excepciones (además de Concha, el democrático Bonifacio Veas, el radical Daniel Espejo y el liberal Arturo Alessandri Palma). El liberal Luis Izquierdo llegó al extremo de admirar la frialdad y premeditación con que se efectuó; al decir que los oficiales que la habían ordenado “han cumplido su deber, el más amargo, el más cruel de los deberes que pueden corresponder a hombres de corazón y de honor. Y mientras no se nos pruebe –lo que no se nos probará- que ha habido de su parte imprudencia, impremeditación, arranques de cólera, algo que revele el abandono de la calma y de la serenidad, propias de la hora, debemos inclinarnos con respeto delante de ellos” (Boletín de la Cámara; 4-1-1908).
Más tarde, frente a las insistentes solicitudes de interpelación al ministro del Interior por parte de Alessandri, Concha y Veas; Izquierdo añadió la obscenidad, al plantear que “concluyamos una vez, con este asunto (de Iquique) que está demasiado fiambre” (Boletín; 6-2-1908).
A su vez, el ministro del Interior, el nacional Rafael Sotomayor, no solo justificó la matanza como “inevitable para cumplir el deber de mantener el orden y de dar garantías a las vidas y a las personas”, sino que además hizo un encendido elogio de sus autores: “¿A qué conducen, pues, las expresiones ofensivas contra las autoridades que libertaron al pueblo de Iquique de los desmanes de turbas inconscientes contra la propiedad y la vida de los ciudadanos?…Ellos, impidiendo ese movimiento subversivo, han salvadp al país de una vergüenza y de futuras complicaciones internacionales…el instinto de conservación social (de los diputados críticos) debería inducirlos a elogiar y aplaudir su conducta, como un estímulo y un ejemplo digno de imitarse por parte de aquellos a quienes la sociedad ha confiado la defensa de su vida e intereses” (Boletín; 2-1-1908).
Por su parte, “El Mercurio” señaló que “es muy sensible que haya sido preciso recurrir a la fuerza para evitar la perturbación del orden público y restablecer la normalidad, y mucho más todavía que el empleo de esa fuerza haya costado la vida a numerosos individuos…el Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa, dentro de sus obligaciones más elementales, que dar instrucciones para que el orden público fuera mantenido a cualquiera costa, a fin de que las vidas y propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros, estuvieran perfectamente garantidas. Esto es tan elemental que apenas se comprende que haya gentes que discutan el punto” (“El Mercurio”; 28-12-1907).
Poco después, el mismo diario, frente a una amenaza de huelga general destinada –entre otras cosas- a “obtener del poder público la separación y castigo del general Silva Renard y del Intendente de Tarapacá (Carlos Eastman)” se preguntaba: “¿Cómo podría el Gobierno acceder a un castigo de funcionarios que han cumplido su deber?” (“El Mercurio”; 4-1-1908).
Al constatar esta mentalidad se hace plenamente comprensible la promoción y el apoyo de la derecha chilena a una dictadura que -en aras de la conservación de sus privilegios sociales- desarrolló una política sistemática de terrorismo de Estado que se tradujo en decenas de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
___________
Felipe Portales, sociólogoArtículo publicado en El Mostrador, cedido a Clarín gentilmente por su autor