En reciente visita a la Patagonia Chilena, la Fundación Defendamos la Ciudad constató que el MOP, a través de un contratista de la Dirección de Vialidad de la 11ª Región, no sometió a un Estudio de Impacto Ambiental una intrusiva obra caminera, ejecutándose en el Parque Nacional Queulat. Esta obligación está establecida en el artículo 11º de la Ley 19.300 y en los artículos 3º y 9º del Reglamento del SEIA de la misma Ley. La obra en cuestión ha producido destrozos irreparables no sólo en el área silvestre protegida sino también a la propiedad privada, en especial a un conocido lodge turístico, cuyo propietario se ha visto en la necesidad de presentar un recurso de protección radicado actualmente en la Corte Suprema.
Patricio Herman expresó “lo más preocupante es que, a pesar del contundente informe de la Conaf regional que exigió la paralización de faenas, el resto de las instituciones sectoriales brillan por su ausencia y el MOP continúa depredando ese prístino territorio. También hemos sabido que los 21 miembros del Consejo Consultivo Regional, instancia pública-privada que asesora a la Conaf, a sabiendas del daño patrimonial que se está ocasionado, no se ponen de acuerdo para representarle formalmente a la autoridad superior esta vulneración a la Ley Ambiental. Este cuerpo colegiado está conformado por representantes de las universidades, gremios empresariales, servicios públicos y sociedad civil informada y por la reticencia de algunos, como el Director Regional de la Conama, no ha sido posible actuar en consecuencia”.
Herman terminó manifestando que “teniéndose en cuenta que Viviana Betancourt, Intendenta de la 11ª Región y Presidenta de la Corema, por motivos incomprensibles, no asume su rol en defensa de la legalidad vigente y dado que la Conaf, dependiente del Ministerio de Agricultura, es un servicio con poca gravitación política, le hacemos un llamado público a Eduardo Bitrán, titular del MOP y le recordamos que cuando fue nombrado por la Presidenta Bachetet, aseguró con aspaviento comunicacional que bajo su mandato todos los proyectos de su ministerio que generan impactos ambientales se iban a someter al SEIA. En esta ocasión se infringió la ley para que no se contemplaran en los costos del proyecto los planes de mitigaciones por los efectos de las explosiones y otros. Así es más barato construir.
En todo caso, las obras de esta vialidad, que le cuestan al Gobierno de la 11ª Región la mitad de su presupuesto, deben obligatoriamente enmarcarse en la legalidad y por ello instamos al ministro a que ordene la inmediata paralización de faenas, tal como ya lo había manifestado por escrito el Director Regional de la Conaf. También nos gustaría escuchar a Ana Lya Uriarte, flamante Ministra de Medio Ambiente, sobre esta nueva barbaridad cometida por un servicio del Estado que no cree en el desarrollo sustentable”.
Herman terminó manifestando que “teniéndose en cuenta que Viviana Betancourt, Intendenta de la 11ª Región y Presidenta de la Corema, por motivos incomprensibles, no asume su rol en defensa de la legalidad vigente y dado que la Conaf, dependiente del Ministerio de Agricultura, es un servicio con poca gravitación política, le hacemos un llamado público a Eduardo Bitrán, titular del MOP y le recordamos que cuando fue nombrado por la Presidenta Bachetet, aseguró con aspaviento comunicacional que bajo su mandato todos los proyectos de su ministerio que generan impactos ambientales se iban a someter al SEIA. En esta ocasión se infringió la ley para que no se contemplaran en los costos del proyecto los planes de mitigaciones por los efectos de las explosiones y otros. Así es más barato construir.
En todo caso, las obras de esta vialidad, que le cuestan al Gobierno de la 11ª Región la mitad de su presupuesto, deben obligatoriamente enmarcarse en la legalidad y por ello instamos al ministro a que ordene la inmediata paralización de faenas, tal como ya lo había manifestado por escrito el Director Regional de la Conaf. También nos gustaría escuchar a Ana Lya Uriarte, flamante Ministra de Medio Ambiente, sobre esta nueva barbaridad cometida por un servicio del Estado que no cree en el desarrollo sustentable”.