Todos los primeros del gobierno y los segundos de la oposición, menos Sabag que es DC y reconocido actor inmobiliario.
El texto contemplaba que los recursos que se recauden con la eliminación del beneficio tributario que tienen las constructoras, sean destinados a un subsidio para solucionar la situación que afecta a los deudores habitacionales de los programas PET, leasing y otros, que han quedado al margen de los beneficios de repactación de deudas que se encuentra desarrollando el Gobierno.
Los senadores que impulsaban este Proyecto de Acuerdo señalaron que en el año 2005 el Estado tuvo una menor recaudación tributaria por este concepto equivalente a US$ 290 millones, cifra que asciede todos los años y por ello el SII ha señalado que dicha franquicia tiene un gran impacto financiero negativo para el Fisco.
Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad señaló que “es indudable que el resultado de la votación es un triunfo para las empresas del sector inmobiliario y de la construcción, cuyos lobbistas supieron relacionarse con los senadores que defendieron sus intereses económicos. Está claro que algunos de estos 11 votos negativos votaron en conciencia, lo que está bien, pero la pregunta que surge ahora es si se inhabilitaron los honorables senadores que tienen intereses en ese sector productivo, porque si no operó esta sana práctica de transparencia la votación está viciada por haber existido un conflicto de intereses. En la declaración de intereses y patrimonio de los parlamentarios se podrá verificar quienes de estos 11 senadores están relacionados con la industria inmobiliaria y en tal sentido esperamos que a la brevedad el Comité de Etica de la Cámara Alta haga su trabajo para resolver esta impresentable situación”.
Moisés Scherman de la Red Ciudadana por Ñuñoa expresó “el valor que representa esta franquicia tributaria para la industria inmobiliaria, es mayor que el total del presupuesto asignado a todos los subsidios habitacionales que otorga el Ministerio de Vivienda Y Urbanismo por lo que la eliminación de dicha franquicia no tiene porqué afectar negativamente el nivel de actividad y empleo de la construcción. Representa un mínimo guarismo al lado de las utilidades que alcanza anualmente el sector, por lo que se equivocaban quienes invocan tales efectos para rechazar el proyecto. En definitiva, los 11 senadores están cuidando intereses económicos particulares por sobre el bien común”.