Bustamante señaló que hay 27 detenidos, así como también la prefecta de la provincia, Guadalupe Llori, acusados de incitar a la desobediencia civil y por sabotajes a pozos petroleros de ese territorio.
Llori se encuentra privada de su libertad porque existen presunciones de ser la autora intelectual e instigadora de los desmanes ocurridos en la parroquia Dayuma, de Orellana, subrayó en declaraciones a la prensa.
Según fuentes gubernamentales, los violentos acontecimientos se registraron en Dayuma, donde varias personas ocuparon por la fuerza, con cargas de dinamitas, campos petroleros.
Todo comenzó el 25 de noviembre último y motivó la intervención del Ejército, cuyos efectivos fueron atacados a tiros con saldo de tres militares heridos.
Esta situación provocó pérdidas al Estado por 35 mil barriles diarios de crudo, unos tres millones de dólares, y la declaratoria del Estado de emergencia en Orellana.
Con el paulatino arresto de varias residentes de la zona y el allanamiento de viviendas, grupos de derechos humanos reclamaron el levantamiento de la emergencia y la salida de los militares, pues -denunciaron- ocurrieron presuntos abusos.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó a la Asamblea Constituyente a no dejarse llevar por falsas acusaciones y desestimar una amnistía a los arrestados, pues lo que no se puede permitir en el país es la anarquía.
Correa defendió el derecho de los ciudadanos a protestar, pero no con violencia y empleando el sabotaje del bien público como medida de presión.
Este conflicto generó la semana pasada la renuncia del titular de Gobierno, Gustavo Larrea, y una primera fricción con la Asamblea Constituyente, por el anunció de su máximo líder, Alberto Acosta, de analizar el caso en esa institución.