Lima.- El juicio contra el ex presidente de Perú Alberto Fujimori, por delitos de lesa humanidad, empezará mañana aquí, en medio de expectativa general y aparente nerviosismo de sus defensores. El proceso se instalará bajo rígidas medidas de seguridad en el cuartel policial del barrio limeño de Ate, que sirve de prisión al reo extraditado de Chile en septiembre pasado y que gobernó con mano dura el país de 1990 a 2000.
El ex gobernante es acusado de homicidio, secuestro y otros delitos, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, con un total de 25 civiles ultimados por un grupo paramilitar, varios de cuyos integrantes sostienen que el comando actuaba por órdenes del entonces presidente.
Los crímenes formaron parte de la represión de los grupos armados, que incluyó la eliminación masiva de sospechosos de integrar las agrupaciones ilegales.
También por las detenciones ilegales y torturas sufridas por opositores en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Según el Ministerio Público, los crímenes imputados a Fujimori ameritan 30 años de prisión, aunque el acusado, sus abogados y sus seguidores, con presencia minoritaria en el parlamento, alegan que es inocente.
El abogado del ex gobernante, César Nakasaki, adelantó su rechazo al testimonio del ex mayor del Ejército Santiago Martin Rivas, sindicado como jefe del paramilitar Grupo Colina, quien sostiene que las actividades clandestinas de inteligencia eran aprobadas por Fujimori.
Según Nakasaki, la declaración de un condenado por la justicia como Rivas carece de validez, criterio que alude al testimonio, pedido por el tribunal, del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Montesinos afirmó en días pasados, en uno de los muchos juicios en su contra, que toda su actuación como jefe de hecho de los servicios de inteligencia respondió a órdenes de Fujimori, a quien daba cuenta rigurosa de sus acciones.
Nakasaki pareció nervioso al alegar que los jueces son presionados por los medios de comunicación, los cuales recogen las expectativas de sectores sociales que exigen sanción para los crímenes atribuidos a Fujimori.
Entretanto, el gobierno se ha declarado al margen del proceso, mientras persisten cuestionamientos a esa imparcialidad que aluden a la presencia en el gobierno de elementos afines al ex presidente y a las coincidencias entre la administración del presidente Alan García y el fujimorismo, sobre todo en la defensa de la política neoliberal