Unos vecinos que han adquirido departamentos con vista al mar en otra zona de ese balneario, han tomado conocimiento que en la Dirección de Obras respectiva se están tramitando una serie de permisos de edificación de torres en altura a localizarse más hacia el poniente de sus inmuebles, es decir, tapándoles la vista que tienen al océano Pacífico. A pesar de que la legislación y la propia Constitución señalan que los actos de la administración del Estado son de carácter público, esa municipalidad, procediendo con un trasnochado secretismo, les ha negado esa documentación, suponemos para evitar que los solicitantes detecten los vicios de las tramitaciones de los permisos. Ante ese irregular proceder municipal, los vecinos han acudido a la Contraloría General, último bastión de probidad, para que ésta le exija a ese díscolo municipio que entregue la documentación solicitada por los ciudadanos.
Recientemente la opinión pública ha visto en las pantallas de los canales de TV a unas airadas señoras que despotrican porque se están construyendo en un terreno fiscal 27 “viviendas sociales” para pescadores que colindan con los elegantes condominios en donde ellas viven. Estamos hablando del sector que enfrenta al exclusivo Club de Yates de Higuerillas de Concón. La ley 8.088 del año 1945 le había transferido a la Caja de la Habitación Popular, hoy Serviu, ese terreno fiscal de una hectárea con el exclusivo propósito de que allí se construyeran casas habitación para los pescadores de la caleta.
Pero como una inmobiliaria, por razones de orden comercial, necesitaba ese predio, o al menos una porción del mismo, se hicieron unos malabares burocráticos, mediante los cuales los pescadores se quedaron con 5.500 m2 y la avispada inmobiliaria con 4.500 m2, superficie más que suficiente para sus necesidades. Dicha empresa pagó el terreno construyendo las casas y el m2 se valorizó en UF 6. Empleando el lenguaje en boga, fue una exitosa operación pública-privada, cuyos actores fueron el Serviu y el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, la Municipalidad de Concón y la dichosa inmobiliaria.
Nos alegramos porque esas 27 familias tendrán viviendas, dejando en claro que en ningún caso se trata de “viviendas sociales”, como lo ha señalado el Serviu regional. Nosotros hubiéramos preferido que el beneficio se hubiera hecho extensivo a todos los pescadores de la caleta, entregándoles el subsidio habitacional, ya que la totalidad del terreno estaba asignado por esa antigua ley sólo a ellos. Ahora bien, como las casas, muchas de ellas con acoplamientos comerciales, tendrán atractivos precios de mercado, existirá la tentación por parte de sus dueños, de acceder a la demanda y venderlas al mejor postor después que hayan transcurrido 5 años y mientras tanto, arrendarlas con opción de compra. No sabemos qué ocurrirá finalmente con esas viviendas, ya que el Estado carece de atribuciones para impedir sus transferencias. Está claro que en este episodio se ha desvirtuado el mandato de una ley de la República para favorecer a una empresa que se quedó con el 45% de la superficie del terreno fiscal.
En resumen, no cabe duda que los dueños de la Inmobiliaria Costa de Montemar, empresa vinculada con las 3 situaciones comentadas, son personas que tienen especiales condiciones para relacionarse bien con quienes ejercen el poder político. En el mundo de los negocios se les denomina “agresivos”.
Fundación “Defendamos la Ciudad”