Quito.- Ecuador inició una revolución ciudadana con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, a través de la cual se concretarán cambios radicales, profundos y rápidos de las estructuras vigentes. En su primera sesión, los asambleístas, cuya mayoría absoluta pertenece al movimiento Alianza País, eligieron a sus dignidades, cesaron al Congreso Nacional y ratificaron en su puesto al presidente del país, Rafael Correa.
Bajo la dirección del ex ministro Alberto Acosta, la Asamblea consagró la supremacía del poder constituyente sobre el constituido.
Trajano Andrade, ex titular de Transporte y asambleísta de Alianza País, ratificó que “todas las decisiones que emanan y emanarán de la Constituyente radican originariamente en la soberanía popular”, otorgada en los comicios del 30 de septiembre último.
Rememoró que el 15 de abril pasado, en la consulta popular, el pueblo aprobó los estatutos de la Asamblea de plenos poderes y “eso significa que (la Constituyente) está sobre los tres poderes del Estado”.
Andrade ratificó que “la democracia está en vigencia plena”, pues los tres poderes del Estado se encuentran en vigor; el Ejecutivo y el Judicial fueron ratificados y el Legislativo, que lo ha asumido la Asamblea”.
De esta forma la Constituyente se apresta desde el lunes próximo a iniciar una marcha hacia la construcción de una revolución ciudadana a través de un cambio radical, profundo y rápido de las estructuras del Estado.
El mandatario reconoció la víspera en Montecristi que “todos los poderes constituidos estamos sometidos a este poder Constituyente y a través de esta Asamblea Nacional se va a dar la concreción de la revolución ciudadana”.
Correa pidió a los asambleístas no tener miedo de tomar decisiones y cambiar los destinos del país, bajo la sombra de Eloy Alfaro, el luchador independentista y protagonista de la revolución liberal en esta nación andina.
Entre las prioridades del gobierno, destacó la necesidad de que la Constituyente discuta leyes que permitan a los ecuatorianos más pobres, tener las mismas oportunidades y exista un mejor control de las entidades del Estado.
La nueva Carta Magna a redactar -a diferencia de la vigente- deberá establecer una verdadera democracia, un novedoso reordenamiento territorial, adecuadas autonomías y un sistema económico social más justo y solidario, aseveró.
La nación requiere vías más directas de democracia y ello significará nuevos distritos para la elección de diputados, reglas más justas y la posibilidad de revocar el mandato de todas las dignidades de elección popular, concluyó.