En nuestras ciudades estamos en presencia de una extinción gradual del ciudadano como realidad, quien ha sido reemplazado por el consumidor; porque en el contexto de las ideas y aspiraciones democráticas, el ciudadano corresponde a los hombres y mujeres que se asumen como sujetos llamados a la libertad, que reconocen para sí y para los demás los derechos propios de su dignidad humana, que movidos según sus identificaciones y diferencias acuerdan privadamente variados ámbitos de interacción, y que se asocian para participar colectivamente en la deliberación de las decisiones públicas.
Cualesquiera sean los motivos que inspiran a los sujetos para organizar autónomamente espacios de actividad colectiva, ellos no sólo manifiestan al ciudadano, sino que también promueven su desarrollo. Y en nuestra ciudad prevalece la idea del crecimiento sostenido que es tan solo la cuantificación del progreso material. No hay mejor escuela de libertad para el sujeto que su participación en la articulación de una voluntad colectiva y esa voluntad es casi inexistente.
Sin embargo, que florezcan las más variadas manifestaciones de voluntad colectiva en la sociedad no basta para considerar que se trata de una sociedad democrática. Esta última requiere, además, la participación activa de sus miembros en las decisiones públicas, vale decir, en la construcción del orden legal y en la definición de las acciones del Estado. Sólo así la sociedad es capaz de regirse por un marco regulatorio general, minimamente impuesto y máximamente acordado.
Esto deja en claro que el concepto democrático de ciudadano tiene una irrenunciable connotación política, pero el sujeto de la ciudad ha renunciado al ejercicio de la misma, sustituyéndose a si mismo por una condición de consumidor, donde solo privilegia su derecho a elegir y a decidir dentro del mercado.
Es innegable que la masa social que vive en las ciudades del país concurre con cierta periodicidad a sufragar, en las elecciones convocadas de acuerdo a la agenda constitucional, emite su voto en cumplimiento de una obligación legal, delega su mandato en las autoridades electas, y luego, renuncia, consciente o inconscientemente al debate público en materias que son estratégicas para definir el modelo económico y el sistema político, que impera discrecionalmente en el país.
Aceptaron la imposición de esta realidad y se muestran sin la voluntad y la energía suficiente para transformarlo, ni siquiera para sugerir reformas destinadas a mejorar la calidad de la participación social, tal vez porque desconocen la importancia de la función, y el derecho legítimo a ser ciudadanos de manera auténtica y más integral.
Por estas razones me atrevo a afirmar que, a pesar de las variables materiales de crecimiento que han ido sufriendo los espacios de la ciudad, se advierte un declive de la calidad de vida de sus habitantes que se expresa en la contradicción, perdida gradual de la libertad y derechos adquiridos, versus crecimiento de bienes proporcional a sus ingresos. Riqueza material relativa versus regresión en el ejercicio de la inteligencia y acceso consciente al conocimiento y a la toma de decisiones en su realidad, y finalmente, hacinamiento en los espacios privados, versus renuncia y restricción de los espacios públicos para un desarrollo fluido de la convivencia. Por el momento su transformación está en el plano de las utopías, no obstante se advierten reacciones colectivas en el movimiento estudiantil cada cierto tiempo y en agrupaciones ecológicas y políticas alternativas.
También entre intelectuales que analizan la realidad sistemáticamente, y que representan un pensamiento de cambio como Marcel Claude, Carlos Ruiz, y Antonio Cortez Tersi, entre otros. Como Gramsci, de inteligencia pesimista y de voluntad optimista, estos autores nos desafían a repensarlo todo, a criticarlo todo, para construir una sociedad más justa y más humana.