Entidades que pertenecen a todos los chilenos convertidas en cajas pagadoras para complementarle el sueldo a asesores y operadores, financiar eventos electorales y favorecer el clientelismo, entre ellos a parientes y amigos de renombrados personajes públicos. Asombra que los propios dineros destinados a fomentar el empleo y la práctica del deporte derivaran a otros propósitos, así como que ex parlamentarios o ministros sean contratados con jugosos honorarios para efectuar consultorías de dudosa necesidad, competencia o, incluso, autoría real.
Los chilenos toman conciencia de muchos de nuestros pretendidos “servidores públicos” en realidad se valen descaradamente de sus cargos y, en función de tales ventajas y fueros, se aferran denodadamente a los mismos. Surge también la idea de que quienes desde la Oposición (¿existe?) deben fiscalizar al oficialismo finalmente lo que hacen es vociferar un rato para, luego, pasar por alto estas iniquidades. Muy probablemente porque pueden estar ellos mismos involucrados en hechos de las misma o mayor envergadura en el presente o el pasado. Cómo no advertir, por ejemplo, el prolongado silencio de algunos dirigentes frente a las anomalías y atropellos del Transantiago, después de haber alcanzado importante visibilidad en la denuncia de otros vergonzosos acontecimientos.
Parece ser que las leyes de probidad inmediatamente adquieren resquicios judiciales para que todo siga más o menos igual. En este sentido, los límites dispuestos al gasto electoral y al origen de financiamiento de los partidos y candidatos es evidente que fueron vulnerados en las últimas contiendas electorales. Así, quienes ganaron cargos parlamentarios y edilicios fraudulentamente, apenas serán condenados a multas o condenas discretas. En procesos, por lo demás, en que los subalternos se atribuyen las culpas en complicidad con sus sostenedores.
De esta forma, por ejemplo, el país debiera hacer más explícito su fastidio con el hecho de que destacados personajes de la política sean acogidos posteriormente por las empresas e instituciones que sirvieron desde el poder político, como es el caso del Presidente del Banco del Estado que prestó dinero a una entidad privada y a los pocos meses es invitado a su cuerpo directivo. O como sucede con otros políticos que cuando dejan sus cargos lucen abundantes recursos para organizar fundaciones o empresas de lobby para mantenerse vigentes y emprender negocios todavía más lucrativos que asumir una embajada o una asesoría en Codelco y otras reparticiones. Como es el destino de quienes por edad o fatiga ya no pueden seguir rotándose en el poder.
En el mismo episodio del Transantiago, somos muchísimos los que estamos perplejos ante el bochornoso deslindamiento de algunos políticos respecto de esta iniciativa constituida en un drama para los capitalinos, como en una terrible amenaza para las regiones. De la forma en que rehúyen su culpa e insensibilidad social o, cuando la reconocen, no hacen nada por cesar en sus cargos. “Echando a perder se aprende” fue la descarada respuesta del ex Ministro de Hacienda después de concurrir a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y seguir rampante a la cabeza de un cargo de alta confianza y gravitación nacional.
Hay quienes con todo esto sacan cuentas alegres respecto de las próximas competencias electorales, cuando es la credibilidad de todos los políticos, en definitiva, la que se propaga y nos advierte que, más temprano que tarde, podemos vernos en una nueva crisis institucional como la de 1973. Cuando ya hay una amplia mayoría de ciudadanos y chilenos sin inscribirse que se resiste a apoyar a cualquier partido o candidato.