Buenos Aires.- Los retos para el próximo gobierno argentino, que según pronósticos presidirá la hoy senadora y primera dama Cristina Fernández, serán primordialmente mantener el buen camino de la economía y de forma ineludible ampliar su base de apoyo. En opinión de analistas, para el primer aspecto Fernández cuenta con una buena herencia dejada por su marido, Néstor Kirchner, o sea, superávit fiscal primario, balanza comercial favorable y deuda saldada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, en sus cuatro años de gestión el mandatario que llegó a la Casa Rosada con la menor votación de la historia democrática argentina (22 por ciento) logró reducir sensiblemente los índices de desocupación, pobreza e indigencia con fuerte inversión social.
Heredero de un país arruinado por más de una década de aplicación al dedillo de las recetas neoliberales, logró levantar la economía y aprovechar la excelente coyuntura de buenas cosechas y alza de los precios de producto agrícolas para llevar fondos al sector público.
Programas para la construcción de viviendas populares, la infraestructura vial del país, el sector energético, la educación y la salud se encuentran entre esos esfuerzos reconocidos en general, aunque criticados por expertos en cuanto a la forma de ejecutarlos. Con todos esos elementos a su favor, el futuro gobierno -que deberá ser la continuidad del cambio, como se promueve oficialmente- podrá abordar de manera más holgada las tareas inmediatas para intentar consolidar las posiciones conseguidas tras años de desmantelamiento. Pero todo indica que, si bien se ha conseguido cierta tranquilidad ciudadana tras los estallidos sociales que derrocaron al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001, eso se debe a la mejoría de la situación de las clases media y alta. Los sectores más desfavorecidos han acusado cierta recuperación, pero están muy lejos de haber alcanzado los niveles de que gozaban y se necesita de acciones más profundas para lograrlo. Lo anterior conlleva a un mayor compromiso político con quienes más apoyaron este gobierno. Hasta ahora, Kirchner puso el énfasis en el sector empresarial al sustentar como tesis apoyarlo en su fortalecimiento como la garantía de prosperidad para el país. “Trabajamos para construir una verdadera clase de empresarios argentinos que estén defendidos, que sean respetados, que puedan discutir en el mundo”, expresó en un reciente discurso. Si bien es importante esa política -una mayor actividad industrial genera nuevos empleos y eso ayuda a reducir la pobreza-, muchos analistas la consideran insuficiente para alcanzar la real justicia social. Fuerzas políticas que reconocen los avances económicos y en materia de derechos humanos también sostienen que falta más. Durante el gobierno de Kirchner se logró la anulación de las leyes del perdón del 1986 y 1987, de los indultos de los años 90, y se dio impulso al juicio y castigo a los represores de la última dictadura, hasta ahora impunes. Opinan que aunque pagó la deuda financiera con el FMI, tiene pendiente una enorme deuda social interna no debidamente atendida y argumentan que el superávit fiscal debería invertirse en eso.
Heredero de un país arruinado por más de una década de aplicación al dedillo de las recetas neoliberales, logró levantar la economía y aprovechar la excelente coyuntura de buenas cosechas y alza de los precios de producto agrícolas para llevar fondos al sector público.
Programas para la construcción de viviendas populares, la infraestructura vial del país, el sector energético, la educación y la salud se encuentran entre esos esfuerzos reconocidos en general, aunque criticados por expertos en cuanto a la forma de ejecutarlos. Con todos esos elementos a su favor, el futuro gobierno -que deberá ser la continuidad del cambio, como se promueve oficialmente- podrá abordar de manera más holgada las tareas inmediatas para intentar consolidar las posiciones conseguidas tras años de desmantelamiento. Pero todo indica que, si bien se ha conseguido cierta tranquilidad ciudadana tras los estallidos sociales que derrocaron al gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre del 2001, eso se debe a la mejoría de la situación de las clases media y alta. Los sectores más desfavorecidos han acusado cierta recuperación, pero están muy lejos de haber alcanzado los niveles de que gozaban y se necesita de acciones más profundas para lograrlo. Lo anterior conlleva a un mayor compromiso político con quienes más apoyaron este gobierno. Hasta ahora, Kirchner puso el énfasis en el sector empresarial al sustentar como tesis apoyarlo en su fortalecimiento como la garantía de prosperidad para el país. “Trabajamos para construir una verdadera clase de empresarios argentinos que estén defendidos, que sean respetados, que puedan discutir en el mundo”, expresó en un reciente discurso. Si bien es importante esa política -una mayor actividad industrial genera nuevos empleos y eso ayuda a reducir la pobreza-, muchos analistas la consideran insuficiente para alcanzar la real justicia social. Fuerzas políticas que reconocen los avances económicos y en materia de derechos humanos también sostienen que falta más. Durante el gobierno de Kirchner se logró la anulación de las leyes del perdón del 1986 y 1987, de los indultos de los años 90, y se dio impulso al juicio y castigo a los represores de la última dictadura, hasta ahora impunes. Opinan que aunque pagó la deuda financiera con el FMI, tiene pendiente una enorme deuda social interna no debidamente atendida y argumentan que el superávit fiscal debería invertirse en eso.
La reducción de los índices de pobreza, indigencia y desocupación son significativos, pero no suficientes para millones de argentinos que aún no ven los dividendos de esa acumulación y que no se conforman con un subsidio del estado.