Si tanta plata necesitaba para ello, quiere decir que el mesías no logró su objetivo de derrotar al marxismo, cuya fuerza sigue indemne, infiltrado en los intersticios del poder mundial. Repuesta de su sorpresa inicial, la derecha –acostumbrada a las históricas virtudes republicanas de desprendimiento y sobriedad- optó por el olvido. Pero un juez recalcitrante, que en los inicios de su carrera se enfrentó incluso a los usos ancestrales en el fundo familiar, vino a replantearle la cuestión: ¿cómo era posible perseguir a una familia por enriquecerse ilícitamente si el difunto patriarca había prestado grandes servicios a la patria y a sus clases dirigentes?
El espectáculo judicial escenificado por el ministro Carlos Cerda iba más allá de la tragedia de Shakespeare: la mesa del banquete de Macbetch no sólo era invadida por sus víctimas, cuyos fantasmas insistían en sentarse como comensales, sino que la viuda e hijos debían soportar que se les cuestionara su lujoso modo de vida. Era la garra enguantada de blanco la que sufría ahora la persecución judicial, después que la otra, la ensangrentada, entrara de a poco a prisión o quedara, al menos, bajo arresto domiciliario.
En el caso de los Pinochet, el concepto de clan rebasa el del círculo estrictamente familiar e incluye a los consejeros y operadores, tal como lo establecieron otros clanes famosos del “show business” y la mafia, sin olvidar que esta última acuñó un concepto más amplio de “famiglia”. De ahí que el juez Cerda estimara que sus 23 sometidos a procesos debían serlo por malversación de caudales públicos, incluso los que nunca ostentaron la calidad de funcionarios del Estado. Hay jurisprudencia sentada en la materia, aunque también en el sentido contrario. Si los familiares se benefician a sabiendas del origen de los dineros que les proporcionan riqueza habría, por lo menos, colusión y eso ya establece coautoría.
La Corte podrá enmendarle la plana al ministro sustanciador, pero, colocadas las cosas en el plano jurídico, la insanía persecutoria que esgrimió cierto abogado defensor parece un argumento extravagante. Hay que conocer algo al juez Cerda para darse cuenta que tiene el espíritu tranquilamente inflamado de justicia y si eso lo lleva a cometer algunos errores procesales es por su sentido de misión e independencia ante los poderes fácticos y políticos. Al revés, los que deslizaron frases del tipo “no quiero creer que esto sea una cortina de humo levantada por el gobierno en momentos que les son desfavorables” revelan cierta miseria moral que oculta su cortedad intelectual. Por un lado, dejan instalada la sospecha de que los tribunales actúan bajo presión en un país cuya historia judicial no es un modelo. Por otra parte, olvidan que asuntos como la baja en la popularidad de la Presidenta ya fueron internalizados socialmente, al igual que el Transantiago y las corruptelas, que quedaron en el subconsciente colectivo, sin que ningún escándalo ajeno los logre borrar. Hay también en la argumentación de la derecha la admisión implícita de que el robo perseguido es lo suficientemente fuerte como para tapar las faltas oficialistas.
Como todo tiene su “precio”, los parlamentarios de la Alianza han llegado a cuestionar los premios internacionales a miembros de la judicatura por la defensa de los Derechos Humanos, porque constituirían “soborno”. No importa que la recompensa provenga de un instituto estadounidense imbuido de pluralismo, que ha premiado a figuras de un amplio espectro.
Pero tanto pinochetismo no tiene consecuencias político-electorales. Sabedor de sus escasos réditos, la UDI y RN prefieren dejar en carrera a sus propios pingos. Lucía Pinochet –que recorrió los canales de TV después de ser liberada, para reafirmar su postulación a diputada por Las Condes- no podrá integrar la lista del pacto y comprometerá, de insistir, el doblaje opositor en ese distrito.