Estos últimos compatriotas han soportado el aislamiento político y social implacablemente operado, el desprecio profesional y la descalificación por utopistas ajenos a la realidad y hasta por insania. Tales calificativos se les han endilgado a la Asoc. de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, a profesionales como los jueces Cerda y Guzmán , al abogado Eduardo Contreras, entre muchos otros que forman parte de la reserva moral de la nación, del Chile saqueado durante la dictadura y también durante la “democracia”.
Pero el delito excede en mucho a las inevitables limitaciones legales del juicio, que busca sancionar a los delincuentes económicos, cuando sería más importante que alcanzara, política y socialmente, a los sostenedores de la moral pactada, quienes durante estos 19 años, de una u otra manera, dieron impunidad al dictador y a sus cómplices en el atraco y en el crimen.
Esta moral inmoral ha sido aceptada por unas mayorías espurias, que usan como herramientas el miedo, la inseguridad y una implacable dictadura comunicacional. Hasta ahora se habían impuesto muchas veces; la más notable de ellas fue cuando el gobierno chileno puso en práctica una política de estado para financiar y encabezar la defensa del dictador enjuiciado en Londres. Y de paso atacaron la naciente legislación internacional sobre crímenes contra los DDDHH.
De aceptarse hoy tales políticas, el juez Cerda sería un irresponsable, que desoyendo el buen juicio, está poniendo en peligro la paz social, el éxito económico y la estabilidad nacional. Éstos han sido los argumentos constantes del consenso transversal, por lo cual el juez debería recibir también una condena moral e intelectual por insana.
El comprensible júbilo que ha provocado la acción judicial en contra del clan Pinochet no pude reducirse a la condena del atraco, porque ello serviría para encubrir nuevamente la ferocidad de la represión sufrida.
La complacencia pre-electoral exhibida hoy por moros y cristianos de las cúpulas en el poder, sólo sería aceptable si fuera seguida por un juicio moral y político a los sustentadores de la impunidad –consensual- con el latrocino y con el crimen.