Según informó el director de Investigaciones, Arturo Herrera, los procesamientos corresponden a 23 personas que en su momento estuvieron a cargo de la Casa Militar desde donde se desviaron fondos públicos para beneficio tanto de Pinochet como de sus familiares y cercanos.
Entre los procesados también aparecen los generales (r) Guillermo Garín, Sergio Moreno Saravia, Jorge Ballerino y Guillermo Letelier Skinner; los coroneles (r) Juan MacLean, Eduardo Castillo, Gabriel Vergara y Ramón Castro Ivanovich; el capitán (r) Jaime Enrique Lepe; el ex diplomático Patricio Madariaga Gutiérrez; los abogados Ambrosio Rodríguez y Gustavo Collao; el albacea de Pinochet, Óscar Aitken; la ex secretaria personal del uniformado, Mónica Ananías.
La resolución es la primera que dicta el magistrado luego de recuperar el control de la causa después de un año y 7 meses que se mantuvo alejado por recursos que había presentado la defensa de Pinochet.
JUEZ CERDA
El juez Carlos Cerda afirmó hoy que “en el tiempo durante el cual pude actuar se ha trabajado con toda intensidad (…) y a través de nuestra resolución, en este caso el procesamiento de esta fecha, decirle a la sociedad que lo que de esta investigación que tiene más de 300 mil páginas fluye. Lo que he dictado tiene toda la seriedad y toda la responsabilidad, y sobre todo, el apoyo y la conciencia que se ha hecho lo que era un deber para todo juez de la República hacer”.
Agregó que “hay presunciones fundadas en el sentido que a esas personas que son parientes de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que en paz descanse, han debido participar en ese delito”.
El director de Investigaciones, Arturo Herrera, desctacó que todos los familiares del fallecido militar han prestado colaboración en las diligencias.
PRESIDENTA BACHELET
La Presidenta Michelle Bachelet reaccionó a la decisión del juez a cargo del caso Riggs, Carlos Cerda, quien procesó y ordenó la detención de la viuda del general Augusto Pinochet, sus cinco hijos y 23 colaboradores cercanos por el delito de malversación de caudales públicos.
“Aquí ha habido una resolución judicial, donde las policías han cumplido la orden del juez de una manera ordenada y tranquila, y las personas están en este momento según yo entiendo, con órdenes de detención y van a encontrarse con el juez y ahí yo creo que no tenemos que especular sólo decir que ésta es una resolución judicial y que las policías han hecho su tarea”, precisó.
Consultada si es que esta noticia podría crear cierta agitación política, la Presidenta afirmó que “este es un país donde nadie está por sobre la justicia y yo por lo tanto entiendo que no debiera haber ninguna agitación, en la medida en que no sabemos cual es el procedimiento y para qué es el procedimiento del juez. Nadie en Chile está por sobre la justicia, así que creo que hay que tener tranquilidad y esperar los sucesos, pero me parece que lo válido es que en un país donde hay estado de derecho la justicia tiene que cumplir su rol”.
PARLAMENTARIOS
Los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Denise Pascal (PS), Francisco Encina (PS) y Carlos Montes (PS) pidieron a la justicia que, en el marco de las detenciones del Caso Riggs encargadas por el ministro Carlos Cerda, se amplíen las pesquisas a los ex ministros y subsecretarios del fallecido general (r) Augusto Pinochet que en su momento fueron responsables de la administración de gastos reservados.
“Lo que le pedimos a la justicia es que integre la información que se desprende la investigación que lleva adelante la jueza Amanda Valdovinos, quien está tras las responsabilidades que podrán recaer los personeros de Gobierno de la dictadura, dijeron los parlamentarios.
“Durante el régimen militar no sólo hubo ministros, subsecretarios y directores de las carteras de Hacienda, Interior, Defensa, Secretaría de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno y Relaciones Exteriores que le entregaron a Pinochet grandes sumas de dinero de los gastos reservados, también fueron a enriquecer las arcas de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para realizar operaciones de inteligencia que terminaron por la vida de muchos chilenos”, señaló el legislador del Partido Socialista (PS), Carlos Montes.
En 1985 los fondos alcanzaron los 292 millones de pesos de la época, cifra que se incrementó a 325 millones en 1986.
No obstante, en 1988 los gastos reservados se incrementaron a 400 millones, de los cuales tampoco se tiene claridad de su destino, dijeron los parlamentarios.
El diputado Francisco Encina recordó que en un informe de más de 400 páginas elaborado por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac) en el marco del caso Riggs, dejó entrever que gran parte de los cerca de US $27 millones que depositó Pinochet en bancos extranjeros, provendrían de los gastos reservados destinados a la comandancia en jefe y de la conocida Casa Militar.
A su vez, los diputados Jiménez y Pascal señalaron que la ministra Amanda Valdovinos le solicitó al ex director de Presupuestos de los últimos años de la dictadura, Jorge Selume, un análisis presupuestario de sus declaraciones para aclarar ciertos aspectos que no concuerdan con la información oficial entregada por Hacienda.
Agregaron que “todos hemos visto en la prensa que las declaraciones de los ex personeros del gobierno militar, como los ex ministros Carlos Cáceres, Sergio de Castro, Martín Costabal y Rolf Lüders tuvieron que explicar su conocimiento sobre el financiamiento del organismo represivo al ser interrogados por la jueza Valdovinos, lo cual permitió descubrir que fondos de gastos reservados fueron derivados hacia la CNI.