Desde luego, un acuerdo al nivel planteado no debiera privilegiar a los actores políticos, sino más bien a los sociales, aunque aquéllos tengan que finalmente sancionar –por la vía legislativa- sus resultados. Por ello, habría que entender que, en realidad, Michelle Bachelet busca un “acuerdo político sobre una agenda social” , que incluya –ella misma los ha explicitado- puntos como la seguridad ciudadana y las reformas previsional y educacional.
Como los dos últimos asuntos ya fueron objeto de sendas comisiones resultarían, en teoría, ociosos nuevos diálogos sociales que se superpongan a los trabajos legislativos y políticos en curso. A falta de una institucionalidad del tipo Comité Económico y Social que existe en varios países europeos, y a nivel de la Unión Europea misma, los procesos de ambas reformas entraron en una fase puramente política, con las debidas asesorías técnicas.
La previsional está en el Congreso y la educacional en una comisión oficialista-opositora, mientras que el Consejo Asesor para la Equidad se constituyó con un marcado tinte técnico-político, al quedar marginadas de él las organizaciones sindicales y patronales “como tales” e incluidas figuras de la derecha: Joaquín Lavín y una representante de Sebastián Piñera (el propio presidenciable hará hoy en La Moneda una voluminosa exposición). Ambos recogieron el llamado presidencial al diálogo social, aunque los presidentes y algunos parlamentarios de sus partidos han contribuido a aumentar la confusión ambiente en la materia.
Lo más probable es que no haya pacto con la oposición, porque las cartas ya están sobre la mesa y lo que corresponde ahora es legislar. Un acuerdo de Estado se hace sobre los grandes temas, y aunque éste podría ser el caso, se necesita también una situación de emergencia -como la vivida durante la administración de Lagos en 2002 sobre la función pública- o de ingobernabilidad. Es en tales circunstancias que en países como Alemania se recurre a la Gran Coalición, que aglutina a las dos fuerzas más poderosas, que en períodos normales de alternancia en el poder se hacen oposición la una a la otra. La ingobernabilidad puede surgir de una falta de mayoría clara en el Poder Legislativo y, tratándose de regímenes parlamentarios, el Ejecutivo debe reflejar la composición de fuerzas políticas. En el sistema semipresidencial de Francia ha llegado a darse una bizarra cohabitación, con un Presidente de un signo partidista y un Primer Ministro del contrario.
En Chile –donde subyace la discusión sobre la reforma del sistema político- los avatares del presidencialismo pueden llevar a una situación no bizarra, sino que ambigua: la del cogobierno no oficializado entre las coaliciones que detentan el duopolio del poder legislativo. El brote, ante cada proyecto importante, de indisciplina en las bancadas oficialistas hace virtual la mayoría simple del gobierno en las Cámaras de Senadores y Diputados. De ahí nace la necesidad de acuerdo con la oposición no sólo en “los grandes temas del país” invocados para el “pacto social”, sino también para nominaciones de, por ejemplo, Contralor y Fiscal Nacional. La “política de los consensos” de los ´90 es una exigencia que, nacida del sistema electoral y de los senadores designados, se manifiesta todavía hoy con crudeza.
De ahí que resultan mezquinas las reservas que ante el llamado presidencial hace la derecha, como confusas son las formas que debería tomar la expresión de una voluntad compartida de avanzar efectivamente en los grandes temas. Los Larraines dicen que la reforma educacional será la “prueba de la blancura”. Y la limpieza se mide, de acuerdo a estos planteamientos, según lo dispuesto que esté el gobierno en acoger los contenidos del proyecto paralelo de la Alianza.
Desde el ámbito empresarial se expresan, también con acritud, las reservas para que el Ejecutivo tome iniciativas propias en los asuntos laborales y exigen a la Presidenta atenerse a las conclusiones del Consejo Asesor para la Equidad que ella formó, convirtiéndolo en una trampa. De la forma indirecta de presión –a través de las filtraciones de actas de reuniones privadas de la Sofofa-, se pasó a una demanda abierta y explícita de la Confederación de la Producción y el Comercio. La derecha económica marcó así los límites concretos de la interlocución con el gobierno, que la derecha política no pudo en realidad precisar, por falta de liderazgo, claridad y coordinación, las mismas falencias que achaca al gobierno.
Lo importante es que las clases dirigentes sean capaces de descifrar los signos sociales para elaborar ecuaciones políticas que resuelvan los problemas del país y no si la Concertación y la Alianza gobiernan juntas con aspereza o por separado, en resignada alternancia.