El gobierno hace gestiones para ser elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene los mismos derechos y lo haría con igual inconsecuencia que Estados Unidos, Argentina o Brasil, sólo por dar unos ejemplos.
El estado que hace no muchos años mató, desapareció, torturó, desterró, encarceló a opositores, permanece, no ha cambiado sus inclinaciones. Sigue fiel a la violencia y al odio a los transformadores del sistema. Hace recién doce meses todas sus fuerzas con armas, los políticos y empresarios dictatoriales, la jerarquía religiosa, la ministra de Defensa, los jueces supremos despedían respetuosamente el cadáver del general responsable de esos atentados a hombres, mujeres y niños. Al que se hizo rico una vez asesinado el presidente constitucional. La prensa estructural lo homenajeó renovando su apoyo al método en los períodos de riesgo.
El estado en que los militares vueltos a la normalidad legal costearon la defensa de los criminales y lograron un trato de lujo para sus criminales presos, conversa para alcanzar el título de defensor internacional de algo en que no cree, y tener la posibilidad de condenar a los pueblos y gobiernos que inician el cambio de la tradición patronal.
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