Tal como determinó el juez de la causa, Alejandro Solís, “una asociación ilícita” de miembros de la DINA colocó una bomba en el automóvil de Prats, la que al detonar despedazó el cuerpo del general constitucionalista en la capital trasandina, al igual que el de su esposa, Sofía Cuthbert.
El nuevo aniversario del doble crimen se recuerda en la familia Prats con la decepción de que el ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, único condenado en Argentina por al caso, se encuentra libre, a pesar de la condena a cadena perpetua que pesa sobre él.
Gracias a una norma trasandina que beneficia a los reos que pasan más de dos años detenidos pero sin sentencia, Arancibia Clavel dejó la prisión en agosto para intentar -según su abogado- “reinsertarse” en la sociedad argentina.
Esta semana, el Tribunal de Justicia de Ejecución Penal de Buenos Aires rechazó dar curso al recurso de nulidad con que la familia Prats y el Gobierno de Chile pretendían revertir esta prerrogativa.
En Chile, el homicidio de Prats y su esposa es investigado por el juez Alejandro Solís, quien ha rechazado aplicar el decreto ley de Amnistía de 1978 y cerrar, sin establecer cómo se perpetró el atentado, el sumario respectivo.
Aunque el ex jefe de la DINA, el general retirado Manuel Contreras -reo rematado por varias causas de derechos humanos- insiste en que la inteligencia estadounidense mató a Prats, lo cierto es que ya está constata la “asociación ilícita” que se formó para eliminar al oficial y que incluyó un acabado seguimiento de los movimiento del connacional.
En marzo de 2005, la Corte Suprema rechazó desaforar a Augusto Pinochet por el caso, revirtiendo la decisión que habían adoptado tanto Solís como la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideraron que había antecedentes suficientes para someter al ex dictador al menos a una declaración indagatoria.
Luego, en julio de 2006, seis meses antes de morir, Pinochet fue interrogado -como testigo- por Solís.