“Vamos a exigir que año a año las personas que tengan un arma, legalmente inscrita, tenga que concurrir a mostrar su arma para saber si las tienen, en qué condiciones las tienen y si las han utilizado o no”, añadió Harboe.
Paralelamente, se repondrá la campaña de devolución voluntarias de armas ilegales, las que nuevamente podrán ser entregadas en iglesias católicas y evangélicas y a Carabineros sin correr riesgo de detención. En ésta participará, además, la Dirección General de Movilización Nacional.
“Cualquier persona que tenga un arma por herencia, porque la encontró o porque descubrió a un hijo, a un pariente, con un arma podrá acercarse voluntariamente a las iglesias o a las comisarías y anónimamente, sin necesidad de dar su nombre, podrá devolver el arma”, afirmó el subsecretario.
Harboe, junto con reiterar el “respaldo total y absoluto” del gobierno a las policías, anunció que se destinarán los “recursos necesarios” para su equipamiento y que se otorgarán 20 unidades policiales más para Carabineros dentro del próximo año. Algunas de las beneficadas son las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Conchalí y Peñalolén.
Y para reforzar estas medidas, en octubre se enviará un proyecto de ley para controlar con más rigurosidad la venta de municiones.
Otro factor relevante en el anuncio es el fortalecimiento a las policías, ya que se adelantará el ingreso de 250 funcionarios de la Policía de Investigaciones y se aumentarán los recursos para el equipamiento de las fuerzas de orden.
Harboe afirmó que el gobierno estará en condiciones de ampliar el número de comunas con Plan Cuadrante, para llegar a un total de 88, nueve sectores más que los que cubre el programa actualmente.
Otra de las medidas anunciadas por el ministro en una ceremonia en la comuna de La Granja, a la que también asistieron los diputados Carlos Montes (PS) y Tucapel Jiménez (PPD) tiene como objetivo mejorar los programas de reinserción social, a través de la creación de un subsidio para las empresas que contraten a ex reos.
Finalmente, el funcionario de gobierno destacó el trabajo que se realizará para mejorar el actual sistema de protección a las víctimas, pues se habilitarán ocho centros de atención especializados para su atención y se brindará asistencia jurídica gratuita a quienes se vena afectados por delitos violentos.
Durante la presentación de las medidas estuvieron presentes el director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Jorge Acuña; el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Carlos Montes; los alcaldes de La Granja, Claudio Arriagada; El Bosque, Sadi Melo; Recoleta, Gonzalo Cornejo, y de Cerrillos, Alejandro Almendares. Además, monseñor Cristián Precht, el padre Rodrigo Tupper y obispos de la iglesia evangélica.