En países con un gran desarrollo científico y tecnológico que nadie discute como EE. UU. y Alemania, los científicos y sus agrupaciones y sus representantes y voceros elegidos democráticamente, tienen una influencia decisiva en las políticas destinadas a la planificación científica y tecnológica y a su financiamiento. A ningún científico o grupo de científicos en particular se le ocurriría arrogarse de manera personal y única la representatividad de la comunidad científica nacional y pretender que la visión de ellos sobre el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el país es la única y que por esa razón debiera ser privilegiada sobre los intereses del resto de la comunidad científica. En estos países un axioma del desarrollo de las políticas científicas y tecnológicas es que el trabajo y las actividades en estos campos que requieren de financiamiento publico deben siempre pasar por el tamiz selectivo y democrático del juicio especializado de los pares, y a veces en mas de una oportunidad, especialmente cuando los fondos públicos aportados importan grandes cantidades de dinero. Nadie pensaría en estos países que es adecuado por ejemplo que se usen dineros públicos para financiar institutos privados de investigación científica y tecnológica sin que este uso no haya sido regulado de manera clara por instancias gubernamentales como el parlamento y revisado además de manera acuciosa por comités científicos de reconocida capacidad e imparcialidad. La ausencia de estas medida sanas de buena administración de los recursos públicos genera una serie de repercusiones negativas para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que se han demostrado dañinas para el desarrollo científico y tecnológico en la historia de muchos países desarrollados y en desarrollo. La presencia de ellas en Chile son una manifestación de la debilidad institucional de la administración del financiamiento de la ciencia en Chile, y su corrección rápida aparece como necesaria para el buen desarrollo de esta y de la tecnología. Además para generar confiabilidad en el profesionalismo e imparcialidad de las decisiones sobre el financiamiento publico de políticas científicas y tecnológicas en el país.
En el Siglo pasado, después de la Segunda Guerra, cuando los gobiernos de EE. UU. y de Europa se percataron de la relevancia del desarrollo científico y tecnológico en ciencias exactas para el desarrollo económico y para la influencia política y militar, estos países comenzaron sus políticas de financiamiento publico generoso de estas actividades que en pocos años los convirtieran en potenciales mundiales en estos campos. Este desarrollo científico y tecnológico fue acompañado de la creación de una institucionalidad responsable del manejo, de la distribución, y de la valoración de los resultados que estos fondos generaban en los campos de la ciencia y de la tecnología. De esta manera en EE. UU. se crearon instituciones como la National Science Foundation y el Nacional Institute of Health y como corolario de estos desarrollos la responsabilidad de la administración de estas organizaciones fue delegada a los científicos. Por ejemplo, en EE.UU. los dos directores de las instituciones mencionadas son siempre científicos de gran trayectoria nombrados por el Presidente con la anuencia de las organizaciones de científicos y con la aprobación del Congreso.
Nadie duda de que la delegación de la responsabilidad de decidir el financiamiento de actividades científicas y tecnológicas a los científicos y a sus organizaciones ha sido beneficiosa para el desarrollo de estas disciplinas en EE. UU. y en otros países y ha introducido en estos procesos además de la transparencia un importante rasgo democrático que es esencial para el desarrollo de estas actividades. Es a la luz de estos antecedentes que llama la atención que en Chile se han nombrado en el último tiempo como responsable de la administración y distribución de dineros para la innovación científica y tecnológica a profesionales alejados de las ciencias exactas y con experiencia en economía y administración como por ejemplo ha sucedido con el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Estas acciones denotan sin lugar a dudas una falta de confianza en la capacidad de la comunidad científica chilena para decidir acerca de su futuro y trivializan – a mi modo de ver-, la seriedad de un proceso fundamental para el desarrollo económico del país. Si bien es cierto ejecutivos sin experiencia científica y técnica en ciencias exactas pueden asesorarse de comités que la tengan, su falta de experiencia en estos tópicos los deja demasiados expuestos a la voluntad de estos comités y los limita en su habilidad de ejecutar políticas y medidas necesarias para el desarrollo científico y tecnológico. Desgraciadamente también en Chile algunos de estos comités asesores tienen una composición minoritaria de científicos y técnicos de experiencia como sucede también con el Consejo Nacional de Innovación nombrado mas arriba. La falta de experiencia científica y tecnológica de estos ejecutivos los hace además susceptibles a una actividad que desgraciadamente aun parece existir en Chile en la obtención de fondos públicos para estas actividades y que es lo que alguien ha denominado la “ciencia de personalidades”. Esta actividad esta caracterizada por la habilidad de algunos científicos de prestigio, justificado o injustificado, de acceder de manera individual y directa a las esferas de poder para obtener financiamiento publico directo para sus proyectos personales de desarrollo científico y tecnológico. Esta practica ha sido juiciosamente desterrada en países como EE.UU. donde los responsables de la distribución de fondos públicos para la ciencia y la tecnología son científicos y en donde con una gran lección de humildad, científicos de renombre, incluyendo Premios Nobeles y miembros de sus prestigiosas academias se someten sin excepción y de manera democrática al juicio critico e imparcial de sus pares.
Las limitaciones de la institucionalidad administrativa de la ciencia en Chile se revelan también cuando para la obtención de fondos públicos para financiar institutos privados se aduce a categorías alejadas de la ciencia y de la técnica tales como el patriotismo y la visión iluminada de ciertos políticos notables. Si estas personalidades políticas visionarias entendieran realmente de ciencia y de tecnología y de la historia de su desarrollo, ellas debieran tener oídos sordos a los cantos de sirena de científicos que de manera individual hacen promesas que a lo mejor no esta dentro de sus posibilidades cumplir y que ellos son incapaces de analizar desapasionadamente y de manera profesional. Por ejemplo, hace algunos años en Argentina durante unas de las presidencia de Perón una personalidad alemana obtuvo cuantiosos fondos públicos de manera directa, y con la oposición de la comunidad científica y de las Universidades, con el objetivo de preparar un programa de fusión nuclear que haría a la Argentina independiente de necesidades energéticas. Más recientemente una personalidad científica colombiana también obtuvo cuantiosos fondos públicos de manera directa para desarrollar una vacuna contra la malaria. Ambos proyectos terminaron después de varios años sin cumplir sus objetivos a pesar de las generosas contribuciones de dineros públicos. Esto ilustra –en mi opinión- los peligros que tiene la ausencia del juicio de los pares en el proceso de invertir dinero públicos en proyectos de desarrollo científico y tecnológico y la ausencia también de evaluaciones temporales y de rendición de cuentas también ante los pares, que aseguren la buena inversión de estos recursos. La lectura de los artículos comentados al comienzo de este también sorprende respecto del elevado monto de las asignaciones de dineros públicos hechos de manera directa a institutos privados y de los cortos tiempos y plazos otorgados a los investigadores para competir por estos fondos. En países con una institucionalidad científica madura y desarrollada la competencia por subvenciones públicas de esa envergadura generalmente necesitan ser preparadas con meses, y a veces años de anticipación, y no en días o semanas como al parecer ha sido hecho en algunos casos en Chile.
Cabe preguntarse porque la sólida y creciente comunidad científica chilena que tiene innumerables, prestigiosos y respetados miembros, que sin lugar a dudas están en conocimiento de cuales son los procedimientos de éxito probado para la distribución de dineros públicos para el desarrollo de ciencia y tecnología ha permanecido relativamente silenciosa antes estos injustificables desatinos y omisiones. Una interpretación podría ser que dada las limitaciones de la institucionalidad administrativa relacionada con ciencia y tecnología en Chile comentadas en los párrafos anteriores, existe en los miembros de esta comunidad cierta reticencia a criticar estos inusitados procedimientos y a las personalidades científicas que los usan, por que esta critica puede resultar en perjuicio para ellos dada la inusual e injustificada influencia que estas personalidades parecieran tener sobre la distribución de dineros públicos que en realidad pertenecen a toda la comunidad científica. Esta reticencia es probablemente acentuada porque la actividad científica y tecnológica se desarrolla en Chile en un contexto muy restringido por la falta de fondos para ellas y siendo el Estado prácticamente la única fuente de estos recursos, la suspensión de financiamiento estatal puede tener resultados devastadores para los científicos y para la gente que trabaja con ellos. En EE.UU., en algunas oportunidades, cuando se ha pretendido financiar organizaciones privadas de investigación con dineros públicos sin el beneficio de la aprobación de estos proyectos por los pares la comunidad científica y sus organizaciones, estos y sus organizaciones se han movilizado y contactado a diversas instancias incluyendo a los científicos que dirigen a las instituciones encargadas de la distribución de estos fondos y a las ramas gubernamentales del ejecutivo y del congreso. El seguimiento de esta ruta por la comunidad científica para solucionar estos problemas en Chile aparece dificultada porque como ya discutimos los ejecutivos de las organizaciones encargadas de las políticas científicas y de la distribución de fondos públicos para ellas no son respetados científicos de experiencia en las ciencias exactas y también por la ausencia de una tradición clara de preocupación por los problemas de la ciencia y de la tecnología clara en el parlamento chileno. Sin embargo en las últimas semanas hemos visto como las Universidades chilenas han planteado clara y críticamente sus planteamientos frente a algunos de estos problemas y han iniciado un dialogo con el Gobierno respecto de ellos. Creo que este es muy buen signo ya que lo que esta en juego es demasiado importante para que su destino sea dejado en las manos de algunos individuos audaces que con un absolutismo decimonónico parecieran confundir sus intereses con los del país y los de la comunidad científica.
Dr. Felipe C. Cabello
Miembro Honorario, Academia de Medicina de Chile
Miembro Correspondiente, Academia de Ciencias de Chile