Los afectados relataron que la falta de medios de locomoción les ha impedido acceder en forma oportuna a hospitales y otros recintos de primera necesidad, “lo que ha producido un daño a raíz del diseño y la implementación del sistema de transporte público en la calidad de vida”.
Según el abogado Betancourt el Fisco debe hacerse responsable por la “brutal alteración a las condiciones de vida de todos los santiaguinos” en referencia a los daños a la calidad de vida que ha producido el nuevos sistema de transporte público.
El texto describe al Transantiago como “sinónimo de largas caminatas y esperas; hacinamiento; aumento de horas de viaje; atrasos; grandes y graves aglomeraciones en paraderos y en el Metro; incomodidad; disminución de horas de sueño y de tiempo para compartir con la familia; denuncias de delitos, algunos de connotación sexual; daño a la salud psíquica y física; aumento de transbordos; periferia sin buses y bajas frecuencias (otros sectores quedaron sin transporte público); falta de corredores exclusivos para los buses, de estaciones intermodales y de paraderos, e incluso, otros mal ubicados”.
“Nuestros representados”, explicó Betancourt, “son usuarios del sistema de transporte público, entre los que se cuentan hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, dueñas de casa, jóvenes, adultos y ancianos, sanos y enfermos, discapacitados”, subraya la acusación.