En los días que el clamor popular por una más justa distribución del ingreso se siente con mayor fuerza, el país se entera a través de la prensa que ha fallecido sin dejar descendientes directos, el hombre con la mayor fortuna personal de Chile, don Anacleto Angelini, que ascendería a los seis mil millones de dólares. Esta sincronía, hace que sobre el Estado de Chile y sus actuales gobernantes se cierna con mayor peso que nunca, un doble deber.
Por un lado, asegurar que se recaude y pague el impuesto a la herencia que deberá gravar las asignaciones hereditarias quedadas al fallecimiento de este conocido empresario, que en ningún caso podría ser inferior a los mil quinientos millones de dólares (tasa marginal del impuesto 25%), y por el otro, dar garantías a los ciudadanos en orden a que dicha recaudación absolutamente excepcional para el presupuesto de la nación, se destine eficaz y transparentemente para beneficiar directamente a quienes más lo necesitan.
Cabe entonces mantener sobre los administradores del aparato estatal una vigilante mirada, a fin de verificar que en cumplimiento de sus funciones, y ante un hecho puntual que arroja a manos del Estado enormes recursos, tengan efectivamente la voluntad y capacidad de hacer realidad aquello que predican para calmar las recientes manifestaciones de descontento popular.