El dirigente máximo de los trabajadores personificó así en Andrés Velasco el neoliberalismo que impone sus puntos de vista, primero dentro del gobierno y después en la arena legislativa, donde entra a tallar la derecha. Es cierto: lo que en principio podría considerarse una sana costumbre de diálogo entre las partes y de consulta a los que saben se desdibuja después de meses de deliberaciones. Lo único que permite el sistema político es un acuerdo, consenso o transacción entre las dos coaliciones que detentan el poder oligopólico en el Congreso. Y cuando se requiere mayoría simple –con la que el oficialismo cuenta supuestamente- afloran las contradicciones en la Concertación y los díscolos de turno derriban una u otra iniciativa del Ejecutivo.
Pero hoy la lucha se traslada a la calle, después que en los últimos meses se hiciera presente en distintos focos laborales: Celco, Codelco, Agrosuper. Y es donde están radicadas estas industrias que se esperan las mayores “sorpresas”, como lo han anunciado los líderes de las movilizaciones. En este clima todos se han visto forzados a expresar su reconocimiento al derecho de los trabajadores a manifestarse, pero agregando prevenciones que vuelven ese apoyo sólo teórico. El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, llegó a decir que hasta él se sumaría al desfile, pero Interior restó la Alameda como uno de sus escenarios posibles. El presidente patronal Alfredo Ovalle relativizó este ejercicio democrático al lamentar que él signifique que la gente no esté en su trabajo. Sus invocaciones anteriores a la “mano dura” contra la violencia recibieron la ácida réplica del ministro más socialista del gabinete, Osvaldo Andrade, al contrastarla con la ”mano apretada” de los empresarios que niegan beneficios a sus empleados.
Todo eso indica el desencadenamiento de varios factores. Uno de ellos es que los actores sociales se han dado cuenta de que sólo la movilización organizada puede empujar a la clase política a tomar ciertas iniciativas legislativas. Lo demostraron los “pingüinos” cuando la mandaron a “lavar la Loce” y los trabajadores subcontratados forestales y cupríferos, cuando impusieron la negociación interempresas con el empleador principal, superando un cuerpo legal insuficiente. En estos dos últimos casos la densidad de los intereses en juego hizo necesaria la intermediación de dos obispos, lo que fue peor para quienes escriben la agenda pública, porque uno de aquellos instaló, con una fuerza que tal vez no esperaba, el actual debate sobre el salario ético, con el apoyo de la conferencia episcopal.
Otro factor fue el florecimiento al sol de las divergencias fundamentales que subyacían en el seno del gobierno para encarar estos conflictos. La Presidenta celebró que dentro de él coexistan corrientes social cristianas, social demócratas y liberal progresistas, pero la verdad es que estas últimas tienden a confundirse con las posiciones neoliberales de la derecha y sólo las dos primeras permanecen en la órbita del progresismo social histórico.
El “sello de protección social” que Michelle Bachelet ha querido darle a su gobierno -que expresa por sí sólo su auto reivindicada “vocación por la justicia social”- ha desbordado la marcha administrativa del país. Si en los tres anteriores gobiernos se avanzó en la vuelta a la democracia, el castigo y la neutralización de los militares y la modernización, con todas las carencias que aún subsisten, en el actual vuelven a agitarse las banderas de los derechos humanos, pero esta vez en defensa de las víctimas sociales.
Los postergados sienten que ya hubo tiempo a partir del año 2000 para estudiar la problemática de la inequidad y que es la hora de la “solucionática”. El flamante Consejo Asesor Presidencial tiene plazo hasta marzo para evacuar su informe final. Tal vez sea demasiado, atendida la efervescencia con que en estos días se manifiesta el enojo de la gente literamente “de a pie”. La Iglesia lo entendió antes, como pronto captó la persecución desatada por los militares en 1973. ¿Es esta suerte de “clericalismo” positivo una lección que vuelve a repetirse para los (ir)responsables civiles del país?
Es curioso: los tiempos de la justicia son lentos, los de los medios de comunicación muy rápidos y los de la Iglesia se creía que eran eternos. Y, sin embargo, los obispos están marcando un sentido de urgencia social que los líderes políticos no logran internalizar o encauzar.