Con optimismo hay que interpretar la capacidad demostrada por los trabajadores subcontratados del cobre para organizarse y emprender una larga y fructífera movilización. Gracias a su protesta, en el país creció conciencia sobre las deplorables condiciones salariales y laborales de tantos trabajadores, mientras las autoridades políticas y empresariales se ufanan de las millonarias utilidades de las grandes empresas públicas y privadas.
Otra vez fueron los obispos católicos lo que nos llamaron la atención sobre la profunda inequidad que se ha consolidado en Chile bajo los dictados de una estrategia económica fundada en la explotación inicua de los trabajadores y en el derecho de los inversionistas a lucrar sin límite alguno. Un modelo exportador que compite en los mercados internacionales con productos “competitivos” logrado con el salario de hambre de cientos de miles de chilenos y, muchas veces, a expensas de una actividad productiva que incumple con las mínimas regulaciones medioambientales.
La firme resolución, los dirigentes mineros y sus bases abren la posibilidad que cientos de miles de trabajadores de otras empresas cupríferas, la ENAP , forestales, las cadenas de supermercados, salmoneras y otras emprendan movilizaciones similares y logren avances sustantivos en sus remuneraciones, vínculos contractuales y condiciones de trabajo. Así lo presienten los gobernantes, las cúpulas empresariales y sus medios de comunicación verdaderamente preocupados por lo que puede venir después de tantos años en que jurídica, política y policialmente ha inhibido la acción gremial y sindical, mientras campean las prebendas escandalosas al capital extranjero, la usura bancaria y las prácticas vergonzosas de ejecutivos que eluden impuestos o se enriquecen a costa de la información privilegiada obtenida desde sus cargos en la administración pública o los directorios de las sociedades anónimas.
La movilización de los subcontratados del cobre dejó en evidencia el lamentable comportamiento de los ejecutivos de Codelco, su insensibilidad social y sus prácticas antisindicales. Posiblemente sea esta conducta la que se manifieste en las movilizaciones que vienen, ya que desde el Gobierno finalmente se avaló a los ejecutivos de la minera estatal, en una pésima señal para los directivos de las otras empresas del Estado y entidades extranjeras o privadas. De esta forma es que los trabajadores tendrán que sortear la acción de dirigentes cooptados y, muy posiblemente, la represión policial y agresión de los medios informativos más poderosos. Sin embargo, esta vez las movilizaciones contarán con más apoyo nacional y ciertamente con el abrigo de instituciones religiosas, estudiantiles, de derechos humanos, así como la solidaridad del conjunto de los trabajadores del país que crecientemente asumen que sólo en su unidad y rebelión es posible superar la injusticia social y las adversidades de un “estado de derecho” que consagra pavorosos privilegios y exclusiones.
Las nuevas jornadas de protesta y negociación colectiva contarán también con la comprensión y el apoyo de dirigentes políticos y empresarios razonables que finalmente han asumido que la inequidad social es el caldo de cultivo de la delincuencia, el narcotráfico y hasta de un nuevo y trágico quiebre de nuestra convivencia. ¡Qué saludable que al fin se reconozcan “dos almas” en la concertación gobernante y, con ello, la esperanza que la buena se imponga a la corrupta! ¡Qué bueno que desde la propia derecha política se apoye un sueldo ético o digno en la evidencia de que el monto mínimo fijado por ley es un peaje a la injusticia patronal y un atentado a la paz social!
La firme resolución, los dirigentes mineros y sus bases abren la posibilidad que cientos de miles de trabajadores de otras empresas cupríferas, la ENAP , forestales, las cadenas de supermercados, salmoneras y otras emprendan movilizaciones similares y logren avances sustantivos en sus remuneraciones, vínculos contractuales y condiciones de trabajo. Así lo presienten los gobernantes, las cúpulas empresariales y sus medios de comunicación verdaderamente preocupados por lo que puede venir después de tantos años en que jurídica, política y policialmente ha inhibido la acción gremial y sindical, mientras campean las prebendas escandalosas al capital extranjero, la usura bancaria y las prácticas vergonzosas de ejecutivos que eluden impuestos o se enriquecen a costa de la información privilegiada obtenida desde sus cargos en la administración pública o los directorios de las sociedades anónimas.
La movilización de los subcontratados del cobre dejó en evidencia el lamentable comportamiento de los ejecutivos de Codelco, su insensibilidad social y sus prácticas antisindicales. Posiblemente sea esta conducta la que se manifieste en las movilizaciones que vienen, ya que desde el Gobierno finalmente se avaló a los ejecutivos de la minera estatal, en una pésima señal para los directivos de las otras empresas del Estado y entidades extranjeras o privadas. De esta forma es que los trabajadores tendrán que sortear la acción de dirigentes cooptados y, muy posiblemente, la represión policial y agresión de los medios informativos más poderosos. Sin embargo, esta vez las movilizaciones contarán con más apoyo nacional y ciertamente con el abrigo de instituciones religiosas, estudiantiles, de derechos humanos, así como la solidaridad del conjunto de los trabajadores del país que crecientemente asumen que sólo en su unidad y rebelión es posible superar la injusticia social y las adversidades de un “estado de derecho” que consagra pavorosos privilegios y exclusiones.
Las nuevas jornadas de protesta y negociación colectiva contarán también con la comprensión y el apoyo de dirigentes políticos y empresarios razonables que finalmente han asumido que la inequidad social es el caldo de cultivo de la delincuencia, el narcotráfico y hasta de un nuevo y trágico quiebre de nuestra convivencia. ¡Qué saludable que al fin se reconozcan “dos almas” en la concertación gobernante y, con ello, la esperanza que la buena se imponga a la corrupta! ¡Qué bueno que desde la propia derecha política se apoye un sueldo ético o digno en la evidencia de que el monto mínimo fijado por ley es un peaje a la injusticia patronal y un atentado a la paz social!
En la convicción de que hay derechos humanos fundamentales anteriores a las leyes como, asimismo, en mérito de acuerdos y tratados universales que nos comprometen como Estado, sólo nos cabe alentar la más decidida acción de los trabajadores, su huelga, protesta callejera e irreversible concertación nacional destinada a destruir los cimientos de una economía intrínsicamente perversa, como de una institucionalidad ilegítima en su origen y ejercicio. En una democracia a medias y en una soberanía popular amordazada.