Los temores por los efectos expansivos de la huelga de cinco semanas de los trabajadores subcontratados de Codelco se están, por lo tanto, cumpliendo. Empresarios, analistas y estrategas profirieron sus dichos sobre la marcha, tal como los dirigentes sociales calibraron, día a día, hasta dónde podían llegar. Lo que se diga ahora en cuanto a que “lo advertimos” y que “esto es un diseño de la izquierda extraparlamentaria” puede, a lo más, responder a la mala conciencia inconfesada que se tiene de los peligros de exacerbar ciertas características del modelo económico.
Los hechos sociales pueden ser más porfiados que los políticos, sólo que discurren soterradamente y por tiempos más o menos largos, hasta que hallan su manera de expresarse, provocando a menudo un reventón. El gobierno apareció de nuevo cogido por la sorpresa, tal como por el movimiento estudiantil el año pasado, pese a que en ambos casos tuvo claras señales previas de advertencia, incluso en la forma de movilizaciones que no fueron debidamente proyectadas.
Esta vez, el conflicto de Codelco apuntó a situaciones no resueltas por el oficialismo. Este detenta la herencia de un gigante estatal dejado por voluntad de un espectro político amplio, que va desde el allendismo al pinochetismo, los que vieron en el cobre “el sueldo de Chile” y “un factor estratégico nacional”, respectivamente. El punto es que la empresa, una de las más grandes del mundo de su rubro, debe ser administrada, para ser competitiva, según los cánones más sagrados del capitalismo global. La externalización de algunas de sus faenas y de prácticamente todos los servicios es una de esas reglas. Tal clase de normativa ha dado lugar, en los ámbitos privados, a una escalada de abusos y prácticas empresariales que Codelco ha replicado en el ámbito público, en circunstancias de que, como dijo el obispo Goic, debiera dar el ejemplo contrario. La calidad de “mal patrón” que los sectores neoliberales endilgan al Estado no lo es sólo por sus malos hábitos ancestrales –como la de derrochar emolumentos a la casta política gobernante-, sino también por adoptar los sanos principios de eficiencia y rendimiento de los privados.
Este “capitalismo de Estado” puede ser caldo de cultivo para situaciones de violencia extrema, como las que se vivieron en el conflicto del cobre -que no distrajeron la fuerza del movimiento sindical- y, a la vez, tener el efecto político de horadar aún más a la coalición de gobierno. Es lo que ocurre justamente con el cruce de las posiciones representadas por los ministros de Hacienda y del Trabajo. Una pugna a estas alturas indesmentible, aunque atemperada por el hecho de que ambos funcionarios sirven a la misma gobernante y es al arbitraje de ella al que deben someterse (aparte de que el talante de Osvaldo Andrade no le permite privilegiar el análisis político por sobre la operatividad).
Otro efecto fue el desborde de los diques de contención de la ley laboral, que traba la negociación colectiva interempresas. Ya en Forestal Arauco se torció la voluntad del legislador y para la minería privada se preanuncia una estrategia similar. Es la respuesta laboral no sólo a una normativa inicua, que quita fuerza a la negociación colectiva, en contravención a las leyes de la OIT que Chile ha hecho suyas. También lo es a los subterfugios de las empresas de dividirse en numerosas personerías jurídicas para atomizar a sus trabajadores.
La ley de subcontratación ha sufrido también un embate y tendrá que adecuarse a su vez a las nuevas exigencias. En el Consejo Minero dicen que tendrán cuidado de no caer en lo mismo que Codelco, que tuvo que negociar con los trabajadores de “empresas colaboradoras”, haciendo abstracción de que ellos no pertenecen a sus plantas. A estas alturas el problema se les ha escapado de las manos a las empresas privadas y públicas, cúpulas patronales, gobierno, oposición y partidos políticos. El problema es nacional, porque afecta a los sectores estratégicos de la economía, aquellos en que el país tiene presencia en los mercados mundiales: cobre, forestal, salmones, retail.