Las cifras indican que con los gobiernos de la Concertación ha aumentado la cobertura educativa en todos los niveles del sistema educacional, ha crecido considerablemente la infraestructura educacional municipal y subvencionada; se ha avanzado legalmente una enormidad en asegurar el derecho de las personas a la educación; se ha incrementado la entrega de textos para el apoyo de los procesos de aprendizaje, se han puesto en la práctica importantes reformas curriculares en los niveles del sistema, se ha retrocedido significativamente respecto de las prácticas autoritarias y arbitrarias que afectaban a los estudiantes, han aumentado paulatinamente las remuneraciones de los profesores y se ha ido mejorando en lo relativo a las políticas de capacitación y actualización de los docentes. También se ha ejercido una mayor supervisión y apoyo en los ámbitos de la dirección y de la gestión de los establecimientos municipalizados y particular subvencionados.
Al mismo tiempo, un conjunto de iniciativas programáticas innovadoras implementadas en establecimientos vulnerables han permitido contener y en otras revertir progresivamente ciertos resultados pedagógicos negativos. Se han desarrollado diversas líneas de acción destinadas a mejorar y a potenciar el desarrollo de una mejor convivencia escolar y una creciente participación de estudiantes y apoderados en los establecimientos. Del mismo modo, otras iniciativas en discusión en el parlamento buscan introducir mayores niveles de equidad, de distribución y de discriminación a favor de los establecimientos especialmente de alta vulnerabilidad y a entregar al Estado (MINEDUC) mayores atribuciones, controles y exigencias a los socios cooperadores del Estado en su función educativa.
Sin duda que se aprecian avances importantes en los últimos años en educación, pero al mismo tiempo hay que reconocer que permanecen situaciones pendientes, zonas grises y áreas sensibles que requieren el máximo de compromiso, dedicación y creatividad de los actores para enfrentarlas y resolverlas positivamente; favoreciendo con ello a significativos segmentos de la sociedad.
Particularmente es importante llamar la atención respecto de algunas tendencias “reduccionistas” que se han ido instalando en la estructura del Ministerio de Educación y que buscan resolver con acciones muy respetables y esforzadas problemas puntuales, pero que no gravitan necesariamente en el conjunto del sistema. En tal sentido, es recomendable avanzar hacia miradas y eventuales soluciones de carácter sistémicas que faciliten luego las intervenciones públicas en áreas de real impacto para el conjunto de los actores involucrados.
Nadie puede desconocer que Chile ha cambiado significativamente en el último año y que de existir real voluntad política se visualizan posibilidades concretas para promover y alcanzar mayores avances en el plano de la educación. La denominada Revolución Pingüina abrió un cauce e instaló una mirada renovada y saludable respecto del necesario debate a desarrollar acerca del futuro de la educación chilena. Ese impulso debe ser aprovechado y transformado en una gran oportunidad para pensar un nuevo sistema educacional para el país. Hay que ser categórico, en ciertas materias Chile no resiste nuevos acciones de maquillaje.
En este contexto, los actores preocupados por el tema de la educación en el país tienen una responsabilidad ética, política y social de la mayor envergadura, que no se resuelve únicamente con la presentación de propuestas, iniciativas e indicaciones que busquen hacer más plural, igualitario y justo el actual sistema educativo imperante en Chile y que, de mantenerse inalterados los principios y valores filosóficos que lo sustentan, y de no variar las actuales condiciones de legalidad, de administración, de financiamiento, de funcionamiento, entre otras, éste continuará reproduciendo desigualdades, discriminaciones, injusticias, distribución inequitativa de las oportunidades, y serios problemas de calidad que comprometerán seriamente las posibilidades de acceso a los mercados del trabajo o a las posibilidades de continuidad de estudios para las actuales y futuras generaciones de chilenos.
De ahí entonces que las posiciones frente a las demandas que recaen sobre el sistema educativo nacional no pueden ser meramente formales ni menos coyunturales. El momento histórico exige miradas integrales, soluciones estructurales y propuestas políticas y programáticas avanzadas, que recuperen para el Estado un rol más dinámico y fiscalizador de su función educativa, y para la sociedad, la oportunidad de incorporarse integralmente a procesos pedagógicos de calidad y acordes a las necesidades de sus habitantes. Es decir, es imperativo elaborar un nuevo sistema educacional para el Chile de la globalización, de los tratados de libre comercio y para el Chile de la distribución regresiva de los ingresos y de las desigualdades sociales.
Por lo mismo, las propuestas que surjan para el ámbito de la educación no pueden estar desvinculadas ni desconectadas de un nuevo proyecto político histórico para Chile. En otras palabras, en el contexto de la elaboración participativa de un nuevo sistema de educación para Chile, los diversos actores han de asignarle un rol esencial al Estado, y al mismo tiempo, formular para la educación iniciativas integrales e integradoras. Algunas de éstas iniciativas pueden ser:
1.- Reasignar al Estado mayores funciones reguladoras, fiscalizadoras y de intervención en materia de educación, con especial énfasis en los procesos de formulación, de elaboración, de administración, de implementación y en el de desarrollo de los procesos de aprendizajes y en los de evaluación de las políticas públicas educacionales. Un Estado que no se acompleja y que acepta la participación de los privados en la educación, pero que al mismo tiempo se ocupa de establecer normas y regulaciones claras para todos.
2.- Necesariamente la nueva educación para el nuevo Chile debe situar en el centro de toda definición filosófica y operativa el derecho a la educación. Todo chileno, independiente de su condición económica, social, cultural, política, religiosa, étnica y geográfica, tiene garantizado su derecho a recibir educación, sea esta pública o privada. El principio de la libertad de enseñanza no puede, bajo ninguna razón, motivo o circunstancia, impedir, restringir o limitar el derecho que todo chileno tiene a la educación.
3.- Una clara opción por la educación pública, por mejorar su calidad y por la necesidad de fortalecer sus procesos administrativos y pedagógicos. Una educación pública que conjugue adecuadamente gestión moderna, dirección democrática, financiamiento racional y valores democráticos, con el fin de promover y de estimular crecientemente los niveles de compromiso tanto de directivos, docentes, padres y apoderados, paradocentes y estudiantes.
4.- La construcción de un sistema integral de educación que permita considerar las variables más relevantes que intervienen en los procesos de formación de las personas, para facilitar tanto el desarrollo de aprendizajes significativos como la aplicabilidad de los contenidos alcanzados. Un sistema que al mismo tiempo sea integrado respecto de todos los niveles educacionales que contemple y de todas las modalidades de educación definidas, de modo tal que facilite la permanencia y el tránsito de las personas por el sistema, desarrollando y adquiriendo todos los contenidos curriculares necesarios para alcanzar una educación de calidad.
5.- La formación inicial docente es clave para garantizar la implementación de una nueva educación para Chile. Al Estado le corresponde establecer las normas y definir los contenidos necesarios para que las instituciones formen a las nuevas generaciones de docentes o profesores. El nuevo Chile requiere de profesores que tengan una matriz formativa más comprometida con el devenir y el desarrollo social y con los procesos de modernización productiva y social del país. Docentes que se adecuen con facilidad a los cambios y que al mismo tiempo fortalezca los procesos de construcción de identidad y de cultura nacionales.
6.- El nuevo sistema de educacional debe contemplar la elaboración, construcción e implementación de nuevos sistemas de administración de la educación, particularmente de la relacionada con la educación del sector público o municipal que recibe subvención. Es recomendable pensar en sistemas administrativos más amplios y no tan acotados a los espacios comunales. Para implementar políticas públicas de educación integrales, es preciso pensar en unidades geográficas más amplias (gobernaciones), de tal manera de responder efectivamente a las necesidades, demandas y prioridades, tanto de los usuarios como de las autoridades provinciales, regionales y nacionales.
7.- Y finalmente, es necesario también que se formule un nuevo sistema de financiamiento, tanto para la educación municipal como para la particular subvencionada. La nueva modalidad de financiamiento debe asegurar el normal y adecuado funcionamiento del sistema, el cumplimiento de ciertas exigencias y estándares de calidad, incentivos y motivaciones para los docentes y docentes directivos, mejoras de infraestructura y equipamiento pedagógico y, fundamentalmente, para invertir en iniciativas o programas innovadores que permitan alcanzar más y mejores resultados académicos para los estudiantes.
Una nueva educación para un nuevo Chile requiere necesariamente de la participación de los más amplios sectores de la sociedad y el mayor compromiso de sus autoridades para asegurar su adecuada implementación y su funcionamiento.
Patricio Bustos Pizarro
Santiago, julio de 2007